La pieza legislativa propone prohibir la asignación a exfuncionarios públicos, salvo en casos de amenaza específica.

El Senado aprobó en la Sesión Ordinaria de ayer, miércoles, por unanimidad el Proyecto del Senado 752, del portavoz alterno Juan Oscar Morales para enmendar la Ley de la Policía para establecer límites estrictos en la asignación de escoltas a funcionarios y exfuncionarios públicos.

En un turno, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, habló a favor del proyecto.

“Aquí no tenemos una agenda en particular o personal contra nadie. Sencillamente, estamos reaccionando a lo que es nuestro deber, en representación de nuestros constituyentes. Porque el beneficio que pueda tener un exgobernador o un exfuncionario de escolta abona a la pensión que tiene como exfuncionario o como exgobernante, cosa que no tiene hoy ningún trabajador y ninguna trabajadora puertorriqueña”, dijo Rivera Schatz.

“No sé qué trato le darán a este proyecto en la Cámara y no sé si la Gobernadora quiera firmarlo. Pero cuando llegue el momento de una confrontación donde un trabajador nos reclame, nosotros tendríamos la autoridad moral de decirle, actuamos. Para crear balance, para crear justicia, para que ninguno tenga más que el otro. Para que no haya privilegios o no haya circunstancias que pudieran parecer de privilegio”, agregó.

Entre las enmiendas incluidas por el líder senatorial indica que “todo ex-gobernador o ex-funcionario que haya sido convicto por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal, no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. Además, que ningún aspirante o candidato a la gobernación o al cargo de Comisionado Residente, podrá solicitar servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno.

La pieza legislativa propone prohibir la asignación de escoltas a exfuncionarios públicos, salvo en casos de amenaza específica y actual contra su integridad física; establecer límites estrictos al uso de escoltas por exgobernadores, eliminándolo automáticamente en caso de convicción por delito grave o menos grave; y garantizar que el privilegio de contar con escoltas esté sujeto a los más altos estándares de integridad y responsabilidad.