Mientras la postura del Presidente del Senado, quien reclama que el Gobernador debe someter esas designaciones al cuerpo, encuentra eco en la Comisión de Nombramientos.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia envió ayer al Senado las últimas designaciones de los miembros de su gabinete, que someterá para el consejo y consentimiento de dicho cuerpo.

Como anticipó, no remitió los nombramientos de los funcionarios de la pasada administración, que reclutó para que formarán parte de su administración.

La secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró Mojica confirmó a NotiCel que el Mandatario se sostenía en su postura de que esos nombramientos no requerían de la bendición de los senadores y senadoras para continuar en sus cargos. Por eso, no someterá los nombramientos del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea; del secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago; del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado; y de la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller.

Hasta el momento, el Senado evaluará 28 nombramientos, según consta en el portal de la Cámara Alta.

Pese a que entiende que el Mandatario se extiende en sus facultades, ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no había discutido el asunto con los miembros de la Comisión de Nombramientos. Tampoco había escogido un curso de acción aunque previamente no había descartado acudir a los tribunales.

“Todavía no se ha tomado una decisión”, indicó su portavoz de prensa Ángel Raúl Matos.

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Al plantear la situación hace unas semanas, Dalmau Santiago citó el caso de Hernández Agosto vs Romero Barceló que atendió una controversia parecida, pero con algunas variantes. Hace casi cuatro décadas, el entonces presidente senatorial, Miguel Hernández Agosto, presentó un recurso de mandamus para obligar al gobernador Carlos Romero Barceló a enviar al cuerpo la nominación de los miembros de su gabinete, que retuvo en sus cargos tras revalidar a un segundo término en la gobernación. El Tribunal Supremo concluyó que no existía disposición alguna en la Constitución, ni en las leyes de Puerto Rico para imponer esa obligación al Gobernador.

Ahora, resaltó el líder senatorial, no se trata de la continuidad de un gobierno sino de una nueva administración, donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo son diferentes. Reconoció que existen otros precedentes donde un gobernador recién electo reclutó funcionarios de la administración previa, pero destacó que en esas instancias nadie impugnó la acción, ni acudió a los tribunales en busca de un remedio. Por tanto, existe una controversia que los tribunales todavía no han adjudicado.

La posición de Dalmau Santiago encontró eco entre varias senadoras de la Comisión de Nombramientos.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón reconoció el precedente del caso de Romero Barceló y el debate que se generó durante la Convención Constituyente cuando se propuso sin éxito una enmienda para imponer términos a los nombramientos.

A la luz de este estado de derecho, planteó que existe una contradicción entre lo que dicta la Constitución y la jurisprudencia vigente.

“A mí parece que constituye una usurpación de facultades legislativas que es incongruente con las facultades que la Constitución le reconoce en algunos nombramientos a ambas cámaras y en algunos nombramientos solamente al Senado”, afirmó.

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“Creo que todos los nombramientos deben ser sometidos al consejo y consentimiento del Senado. Que no se debe extender a una nueva Asamblea Legislativa el parecer de otra asamblea legislativa anterior”, agregó Santiago Negrón.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve señaló que el escenario ideal sería que el nuevo Senado evalúe a los jefes de agencias reincidentes para determinar si sus pasadas ejecutorias le merecen la continuidad en sus puestos.

Pero el senador el Partido Nuevo Progresista William Villafañe Ramos discrepó de esa posición.

“El estado de derecho no requiere que los funcionarios que han sido confirmados tengan que pasar nuevamente por el cedazo legislativo tras el cambio de cuatrienio. Ha sido así desde la vigencia de la constitución estatal. Se ha reiterado mediante la práctica y la jurisprudencia. El Ejecutivo no someterá tales funcionarios a un proceso ilegítimo de ‘reconfirmación’. Quedará en la dirección senatorial decidir si pierde su tiempo y presupuesto en llevar su argumento al tribunal”, indicó a este medio digital en declaraciones escritas.

El senador independiente José Vargas Vidot expresó a través de su portavoz de prensa Ángel Torres Montalvo que la Comisión de Nombramientos todavía no se había reunido para discutir nombramientos y que antes de asumir una posición deseaba escuchar ambos lados de la controversia.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana no estuvo disponible para reaccionar a este debate.