Padres y personal escolar han presentado querellas contra una maestra que supuestamente maltrata verbalmente a sus estudiantes de segundo grado. Los encierra en el salón, los saca del aula cuando se portan mal y los castiga dejándolos sin ir a almorzar. En su contra, pesan alegaciones de maltrato emocional, de negligencia en la supervisión de los menores y de intimidación a los niños para que no hablen sobre lo que ocurre en el salón. Bajo su atención, han surgido incidentes de agresión entre los estudiantes.

El Departamento de Educación tiene un caso abierto contra la maestra desde 2009, pero esta sigue en sus funciones, recibiendo estudiantes todos los días.

Como este, hay otros tantos casos que la agencia ha estado investigando hace años, pero aun no toma acción.

Desde 2000, la División Legal del Departamento de Educación tiene, al menos, 1,500 casos activos contra maestros. Para su manejo, cuentan con 17 investigadores para toda la isla y apenas cuatro abogados. Unas 700 querellas son por algún tipo de maltrato, verbal, físico o ambos. Hay unas 395 que son por ‘conducta impropia’ y otras 114 por ‘insubordinación’.

Otras tantas querellas por las que se han abierto investigaciones contra maestros tratan asuntos de hostigamiento sexual, actos lascivos e impúdicos, conducta inmoral, agresión, discrimen, falsificación de documentos e incompetencia en el desarrollo de sus funciones.

Fuente: Departamento de Educación

‘Todos los días recibimos querellas’, afirma la directora interina de la División, Jocelyn Carrasquillo Rivera. Reconoce, al mismo tiempo, que el personal es insuficiente para manejar con agilidad cada una de las denuncias que llegan a su oficina. Y es que la División Legal del Departamento de Educación, desde la implementación de la Ley 7, cuenta con apenas 29 personas que sirven a la Unidad de Contratos, Unidad de Reglas y Reglamentos y a la Unidad de Investigación de Querellas Administrativas.

Entre los 29 empleados de la División, solo hay 17 investigadores, encargados de indagar y buscar la evidencia que sustente las denuncias en toda la isla.

Al poco personal, se le suma el largo proceso que se trabaja para validar una querella, presentar una investigación y determinar si procede una acción mayor por parte del secretario de Educación contra el maestro querellado.

Todo comienza con una querella que puede presentar un padre, director o maestro. Lo puede hacer a través de correo electrónico, directamente en la oficina de División Legal en el DE o en alguna de las regiones educativas. Un investigador escucha la historia del querellante y utiliza su criterio para determinar si se abre un caso o si el asunto se puede resolver con algún otro trámite. Si se determina comenzar la investigación, el investigador toma declaración jurada y la firma del querellante.

El caso se asigna al mismo investigador u a otro que debe acudir al plantel escolar, dialogar con directores, padres y estudiantes que cuenten con la autorización de sus encargados a ver si puede corroborar la denuncia presentada. ‘La idea es buscar prueba’. Entonces, debe rendir un informe sobre su investigación que es corroborado por la coordinadora de la Unidad de Querellas y pasada a un abogado. El abogado es quien recomienda si se presentan faltas administrativas contra el maestro. En ese caso, redacta una carta de formulación de cargos administrativos en la que se recogen los derechos del maestro investigado y se citan los reglamentos o leyes que se entiende ha violentado. Dependiendo de la gravedad del asunto, se suspende sumariamente o se le cita para una vista administrativa informal, donde un oficial examinador contratado por el DE escucha al maestro o a su representante legal y al abogado que representa el interés de la agencia. El oficial examinador presenta un informe de recomendaciones al secretario de Educación que puede sugerir una reprimenda escrita contra el maestro, una suspensión de empleo y sueldo o una destitución de su puesto. Puede determinar también que no existe prueba para sustentar el caso y sugerir que se cierre. El secretario es finalmente quien toma la determinación.

Se trata así de un proceso largo que exige la utilización de un sinnúmero de recursos, pero sobre todo, de tiempo.

Ante la situación, Carrasquillo ha instruido a su personal a atender las querellas por prioridad. Esto significa que se deben atender con mayor premura aquellas relacionadas con maltrato institucional y casos de conducta impropia y actos lascivos. Luego vienen las relacionadas con demandas al Departamento ‘porque traen consecuencias bien serias’.

Cuánto puede tomar una investigación? ‘El tiempo va a depender de la calidad de tiempo del investigador y del tipo de maltrato que se esté denunciando. El investigador, tiene que utilizar la experiencia, el ‘expertise’ para determinar qué atención le va a dar’, respondió Carrasquillo.

Al indagar sobre qué tipo de casos son los están abiertos desde 2000, hace ya 12 años, la directora interina de la División Legal estimó que se trata de ‘querellas viejas que por equis o ye razón permanecen abiertas pero en la práctica, deberían estar cerradas’.