Para uno es discrimen, para la otra precaución.

Los requerimientos y controles impuestos por el Gobierno Federal para desembolsar los fondos para la recuperación tras María tienen razones distintas, dependiendo a cuál representante del Gobierno de Puerto Rico usted le pregunte.

Para la Comisionada Residente, máxima representante electa de Puerto Rico en la estructura del Gobierno Federal, es precaución que se debe en parte por los casos de corrupción con ayuda federal tras huracanes que se han registrado en la Isla.

Para el Gobernador, máximo oficial electo en la estructura del Gobierno de Puerto Rico, es un trato discriminatorio.

La diferencia de enfoque volvió a aflorar tan reciente como ayer, cuando ambos oficiales estuvieron juntos en una conferencia sobre la liberalización de parte de la ayuda federal. La comisionada González señaló que debido a la gran cantidad de dinero que recibirá Puerto Rico, las agencias federales han optado por imponer requisitos que han retrasado el proceso de autorizar el desembolso de estos porque las agencias federales se quieren asegurar que el Gobierno ha establecido todos los controles necesarios para su buen uso.

‘Cuando hay una asignación billonaria como la que se ha hecho no solo a nivel de Puerto Rico sino a nivel de la nación, la Oficina del Inspector General del Gobierno Federal está activa en el proceso preaprobatorio. Ha habido casos de corrupción en el pasado producto de manejo de huracanes en Puerto Rico, pero tambien en la jurisdicción federal’, sostuvo González.

Señaló que, debido a esas experiencias, las agencias federales han optado por imponer requisitos, procedimientos y requerimientos especiales a las agencias locales para aprobar todos los niveles del proceso, desde la preaprobación, aprobación, desembolso y auditoría de los proyectos a ser financiados con fondos federales. Esto ha retrasado el desembolso de los fondos aprobados para la recuperación de la Isla.

La admisión de la Comisionada contrasta con las razones que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ha ofrecido en publicaciones como The Hill, en las cuales sostiene, sin retractarse, que la razón del lento flujo de fondos es la discriminación y burocracia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) en el caso de Puerto Rico.

El Gobernador dijo que contrario a FEMA, el Departamento de Vivienda Federal (HUD) ha sido mucho más ágil en aprobar y liberar los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles), aunque ha impuesto requisitos para tener controles adicionales en el uso de los fondos. En comparación con otras jurisdicciones, Puerto Rico ha comenzado a recibir más rápido los fondos de HUD, lo que no se ha logrado con la administración de FEMA, que según el Primer Mandatario ha impuesto un proceso diferente a Puerto Rico.

‘Es una cuestión de que (FEMA) tiene unas tranquillas burocráticas en FEMA y lo que nosotros queremos es sobrepasar eso. ¿Que tienen que haber controles? Por supuesto, nosotros somos partícipes de eso… pero controles no puede ser que se detenga’, dijo Rosselló Nevares.

Sin embargo, el secretario de HUD, Ben Carson, cuya agencia el Gobernador acredita con ser más ágil y distinta a FEMA, dijo públicamente con relación a estos fondos que ‘debido a que Puerto Rico tiene una historia de infracciones fiscales, estamos agregando controles financieros para asegurar que estos fondos de recuperación de desastres sean utilizados apropiadamente’.

Cuando se le preguntó a ambos funcionarios sobre las observaciones que han hecho funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump sobre el uso de los fondos federales en Puerto Rico y a que se exponen aquellos que utilicen mal estos fondos que, despues de todo pondrían en juego la credibilidad de Gobierno de Puerto Rico y la presente administración, la comisionada residente admitió que el tema de la corrupción es la razón detrás de las cortapisas y controles que impone el Gobierno Federal para desembolsar los fondos.

Aunque de manera más tímida y sin hacer referencia directa a casos previos de mal uso de fondos federales, Rosselló Nevares respondió que su administración está haciendo un balance entre la burocracia y los controles exigidos para asegurar que los fondos de la recuperación sean utilizados correctamente. Reiteró que el que haga lo contrario, que le caiga todo el peso de ley.

González recordó que se están investigando actos de corrupción en el manejo de los fondos de reconstrucción tras los huracanes Irma y María en Islas Vírgenes y en el caso de Puerto Rico, recientemente trascendió que una funcionaria de FEMA es investigada por irregularidades en la otorgación de contratos a la empresa COBRA. Aseguró conocer de otros casos tambien.

Las expresiones de los funcionarios ocurrieron durante una rueda de prensa en la que se anunció la firma de los primeros acuerdos del Departamento de la Vivienda (DV) y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en ingles) con 45 municipios para la reparación o reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán.

A partir de julio iniciará el proceso con los primeros $775 millones de programa CDBG-DR. El acuerdo firmado permitirá que se inicie el uso de estos fondos para ayudar en la reparación, reconstrucción y reubicación de familias.

El programa proporcionará a los propietarios elegibles asistencia en la reparación de viviendas de hasta $60,000 y reconstrucción de viviendas significativamente afectadas, en lugares no peligrosos, hasta un tope de $150,000. Esta suma será la que se ofrecerá para la reubicación de propietarios elegibles con viviendas afectadas en zonas en riesgo.