El proyecto está detenido en la Cámara de Representantes desde febrero del 2025.

Los representantes de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, reiteraron la importancia de aprobar de Proyecto de la Cámara 331 para proteger derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes.

La pieza legislativa, firmada también por los representantes Héctor Ferrer Santiago, Domingo Torres, Edgardo Feliciano, entre otros populares, está engavetada en las comisiones de lo Jurídico y Gobierno desde febrero del 2025.

La medida fue radicada por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en la cual las oficinas legislativas del PIP colaboraron en la investigación, redacción y búsqueda de coautores del proyecto de ley.

“Solicitar información privada, tal como el número de teléfono, dirección y tarjetas de identificación y de conducir de toda persona con situación irregular migratoria para una investigación indeterminada, sin una sospecha individualizada ni descripción detallada de lo que se busca, es una actuación abusiva e inconstitucional de las autoridades federales”, expresó Márquez Lebrón.

La medida prohibiría que las autoridades del orden público y otros funcionarios detengan, interroguen, arresten o registren a una persona únicamente para determinar su estatus migratorio. Tampoco podrían preguntar por ciudadanía, lugar de nacimiento, elegibilidad para un número de Seguro Social o situación migratoria cuando el único objetivo sea investigar una posible infracción de las leyes federales de inmigración.

El texto impide además realizar o prolongar detenciones basadas en órdenes civiles de inmigración, solicitudes de retención o notificaciones de comparecencia. Las agencias estatales y municipales tampoco podrían participar, directa o indirectamente, en operativos de inmigración civil ni establecer perímetros de tránsito para facilitar esas intervenciones.

La propuesta limitaría el intercambio de información personal con autoridades federales de inmigración, salvo que exista una orden judicial emitida por un juez o magistrado, que se trate de una investigación criminal conjunta o que, durante una pesquisa penal, se conozca la existencia de una orden judicial de arresto.

También se prohibiría facilitar a las autoridades federales acceso a equipos, oficinas, bases de datos o propiedades de agencias estatales o municipales. De igual forma, no se permitiría entrevistar a una persona detenida ni mantenerla bajo custodia más allá del momento en que sería elegible para quedar en libertad, excepto cuando esas acciones formen parte de una investigación criminal conjunta.

La medida prohíbe además utilizar fondos, instalaciones, propiedades, equipos o personal público para investigar o hacer cumplir leyes migratorias civiles. La restricción se extendería a programas federales que requieran registrar personas por raza, género, orientación sexual, religión, estatus migratorio, ciudadanía u origen nacional o étnico, así como al acceso a bases de datos con esos fines.

El portavoz cameral reiteró que el PIP, desde junio del 2025, cuestionó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) haya entregado la información privada confidencial de miles de inmigrantes que residen en Puerto Rico a las autoridades federales de inmigración sin la existencia de una orden judicial válida, y exigieron al gobierno a no cooperar con autoridades federales en ese rastreo de inmigrantes.

“La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad del gobierno, para proteger su vida y dignidad. Seguiremos con nuestro llamado a que este gobierno no sea cómplice de la violación sistemática de los derechos humanos y constitucionales de las personas inmigrantes”, añadió Gutiérrez Colón.

Gutiérrez explicó que esta medida, precisamente, exige que la entrega de información privada sea la estrictamente necesaria para administrar los beneficios, servicios o programas en cumplimiento a la ley local o federal aplicable o, según lo requiera una orden judicial válida emitida por un juez.

“La entrega de esa información por parte del DTOP los hace cómplices de una actuación ilegal e inconstitucional con el fin de facilitar la persecución de la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Desde el PIP, hemos sido consistentes en cuestionar, combatir y condenar la complicidad del Gobierno de Jennifer González con las autoridades federales de inmigración para ejecutar las políticas opresivas del presidente Donald Trump. Es esencial proteger y asegurar los derechos humanos fundamentales”, finalizó Lebrón Robles.