El matrimonio del cabildero y la exsecretaria del DACO nunca completó la entrega de evidencia de la difamación que supuestamente cometió el comentarista.

En 2020, el matrimonio de Elías Sánchez Sifonte y Valerie Rodríguez Erazo sometió una demanda por $35 millones contra el comentarista Josué “Jay” Fonseca Aponte para “proteger su integridad y su reputación ganada con tanto esfuerzo” y para defenderse del “periodismo antiético” pero, después de darles oportunidades múltiples, un juez federal desestimó el caso con la conclusión de que el matrimonio lo descarriló de manera intencional.

El martes, el juez federal Raúl Arias Marxuach desestimó el caso con perjuicio (no se puede volver a presentar) después de 15 meses en los que tuvo que intervenir varias veces ante quejas de los demandados, que además de Fonseca incluyen a Telemundo, NBC y el productor Antonio Mojena Zapico, de que el matrimonio demandante no acababa de presentar la evidencia necesaria para sustentar sus reclamaciones de difamación y de reducción de ingresos por culpa de esas expresiones supuestamente difamatorias.

En ese período de más de un año, el juez realizó vista, estableció plazos de producción de documentos para el cabildero y la exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), activó a un magistrado para discutir el incumplimiento, condenó al matrimonio a pagar gastos de los demandados, les eliminó los testigos periciales que habían anunciado y les eliminó la posibilidad de compensación por daño económico ($30 de los $35 millones que pedían).

Aún así, no solamente el incumplimiento continuó sino que, en las últimas semanas se desarrolló un cuadro de acusaciones entre los mismos abogados del matrimonio, que fue lo que llevó a que el juez declarara en su orden de desestimación que “se acabó el tiempo de la indulgencia”.

Lo primero que surgió fue que el abogado local del matrimonio, Raymond Sánchez Maceira, planteó que se retiraba del caso. Un abogado local es necesario porque los representantes de Sánchez y Rodríguez no están admitidos a ejercer en la isla. Esta demanda la comenzaron en el tribunal estatal de Florida los abogados Luis Frank Navarro y Lorenzo Palomares Starbuck, pero una de las victorias tempranas de los demandados fue conseguir que el foro federal asumiera jurisdicción.

Sánchez Maceira, cuya especialidad es inmigración, dijo que había un “conflicto irreconciliable” entre él y los dos abogados de afuera y que él se había opuesto “al incumplimiento continuo de las órdenes del tribunal”. Incluso, insinuó que el tribunal debía emprender un procesamiento ético contra esos abogados.

El juez le dijo a Navarro y Palomares que dijeran por qué no debía imponerles sanciones. El dúo compareció para decir que el caso era “complejo”, que una “porción sustancial” del trabajo que han realizado para la demanda no ha sido compensado y que habían enfrentado la “facultad inherente de obtener la cooperación de sus clientes” quienes, como abogados, “no han sido participantes pasivos en el manejo de su causa”.

“Cuando un cliente, que es un abogado activo, no colabora, se demora en proporcionar información o materiales relevantes, o limita de cualquier otra manera la capacidad del abogado para actuar, las dificultades procesales resultantes reflejan una responsabilidad compartida, no únicamente una falla del abogado”, argumentaron.

Luego apareció un tercer representante del matrimonio, Peter W. Miller, y, a través de él, una especie de riposta de parte del matrimonio. “Debido a asuntos procesales y evidenciarios significativos que surgieron de un proceso de descubrimiento hecho a la prisa y desorganizado, y cuya seriedad y extensión total no se le había llevado a la atención de los demandantes, los demandantes han escogido retener representación nueva para asegurar que este asunto se atiende con la diligencia, seriedad y atención que merece”, escribió Miller en una moción.

El juez lo resumió en que todo era un “juego de echar culpas” y que, sin tener que decidir quién tiene la culpa, el resultado es el mismo. “Ahora parece que el incumplimiento de los demandantes durante el último año ha sido deliberado y que los demandantes han hecho representaciones materialmente inconsistentes a este tribunal… el tribunal concluye que el incumplimiento fue intencional”, dijo al comentar también que le parecía “nada menos que asombroso” el que el matrimonio ahora planteara sorpresa y desconocimiento de lo que sucedía.

Con la decisión del juez, ya no ocurrirá el juicio que había quedado pautado para noviembre de 2027 y ninguna de las partes expondrá su evidencia ante un jurado. La estrategia del matrimonio de usar armas legales contra lo que entendía era cobertura difamación incluyó no solo esta demanda, sino cartas a distintos medios de la isla con amenazas de demanda.

Inicialmente, la demanda de 288 páginas y 37 exhibits apuntaba a 25 publicaciones y 106 declaraciones que serían difamatorias. El matrimonio alegó que, en conjunto, estas expresiones habían llevado a que el nombre de Sánchez Sifonte fuera sinónimo de corrupción y a que se les conociera como “la familia cabildeo”. Alegaron que por esto perdieron clientes y se tuvieron que mudar a Miami. Una de las cosas que nunca entregaron fue la información contributiva que hubiera probado este punto. En un cálculo preliminar, no sustentado, Sánchez Sifonte dijo al tribunal que en 2018 generó ingresos por $809,504 y que eso bajó a $348,341 en 2020.

Los demandados refutaron que hubiera ocurrido difamación y anotaron que la reputación del matrimonio ya estaba dañada por su involucración en el chat de Telegram que resultó en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Como ejemplo del incumplimiento del matrimonio en el descubrimiento de prueba, dijeron al tribunal que estos habían contestado uno de los interrogatorios escritos afirmando que “no habían tenido ninguna comunicación” relacionada con el escándalo del chat de Telegram.

El juez Arias Marxuach encontró que solo 13 publicaciones y 30 declaraciones tenían alguna base, por lo que desestimó las demás.

Las partes habían dicho al tribunal que tenían 100 testigos (34 de los demandantes). Entre ellos, el propio Rosselló Nevares, la actual subsecretaria de la Gobernación, Itza García, el publicista Edwin Miranda, el exfuncionario Carlos Mercader, el propio licenciado Miller, el actual presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, el exgobernador Luis Fortuño Burset y su hijo, el cabildero Onix Maldonado, el exfuncionario José Marrero Rosado, el excandidato a la comisaría residente, William Villafañe y el exrepresentante Ángel Rodríguez Miranda.

En su orden de desestimación, el juez Arias Marxuach no abordó el tema de posibles sanciones éticas a los abogados de los demandantes.

Vea:

Incumplen Elías Sánchez y Valerie Rodríguez con orden del Tribunal en caso contra Jay Fonseca