«Los señalamientos que han surgido públicamente sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención», dijo Janisse Quiñones.

La presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, solicitó esta mañana que se investigue una denuncia que apunta a que la gobernadora Jenniffer González intentó intervenir con jueces del Tribunal Supremo en momentos en que se decide si el contrato con la privatizadora es nulo.

«Los señalamientos que han surgido públicamente sobre alegados intentos de influir en decisiones de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico son sumamente preocupantes y merecen la mayor atención. Ante la gravedad de estas alegaciones, es indispensable que se investiguen a fondo y que se esclarezca, de manera transparente y creíble, si los hechos descritos ocurrieron», dijo Quiñones en un comunicado de prensa.

El abogado y comentarista Eddie López Serrano divulgó información atribuida a una fuente sobre supuestas llamadas de González a jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionadas con el caso sobre el contrato de LUMA Energy. Dijo que la primera ejecutiva ha presionado con ofrecimientos para que el Alto Foro falle a favor del gobierno.

«Confiamos plenamente en la integridad del Tribunal Supremo y en que sus decisiones se fundamentarán exclusivamente en la ley y en los méritos de los casos ante su consideración, libres de presiones externas o intereses políticos. Nuestra preocupación no está dirigida a los jueces ni cuestiona a la institución. Surge de la seriedad de unas alegaciones que, de confirmarse, afectarían la confianza pública en la independencia de nuestro sistema judicial», dijo la presidenta de LUMA. «No estamos solicitando un trato especial ni favoreciendo un resultado en particular. Nuestra posición se presenta y se defiende ante el Tribunal mediante los mecanismos establecidos por ley. Ese es el único foro donde debe resolverse esta controversia».

«Por respeto al Tribunal Supremo, a las partes involucradas y, sobre todo, al pueblo de Puerto Rico, estas alegaciones exigen una investigación inmediata, rigurosa y transparente. Los puertorriqueños merecen conocer la verdad y tener la certeza de que ninguna persona, organización o interés político está por encima de la ley. Lo que está en juego no es un caso en particular, sino la confianza de nuestro pueblo en la imparcialidad de la justicia y en la fortaleza de las instituciones que sostienen nuestra democracia. Cuando surgen dudas de esta magnitud, la única respuesta aceptable es la verdad», finalizó.