Sostienen que LUMA intenta introducir estimados que no forman parte del expediente judicial para alimentar una narrativa de caos ante una declaración de nulidad y eventual transición.

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) acusaron a LUMA Energy de sembrar miedo con una supuesta factura de $1,300 millones si se cancela su contrato mientras intenta desviar la atención de la controversia que debe resolver el Tribunal Supremo: si la enmienda que extendió su contrato suplementario cumplió con la ley.

Las entidades solicitaron además al Tribunal Supremo que excluya una declaración jurada de la principal ejecutiva de LUMA, Janisse Quiñones, presentada por primera vez con su alegato del 5 de octubre de 2026. Sostienen que LUMA intenta introducir estimados que no forman parte del expediente judicial para alimentar una narrativa de caos ante una declaración de nulidad y eventual transición.

“LUMA quiere que el pueblo crea que hacer cumplir la ley costará $1,300 millones. Esa es una narrativa falsa y alarmista que rechazamos. No se puede utilizar el miedo como escudo para perpetuar una operación que el Gobierno cuestiona ante los tribunales”, expresó Josué A. Colón Ortiz, Director Ejecutivo de la AAPP.

La moción explica que $935.4 millones de la cifra presentada por LUMA —más de dos terceras partes— corresponden, según los propios planteamientos de la empresa, a partidas que supuestamente existían antes de cualquier transición: $588.3 millones relacionados con cuentas de servicio y $347.1 millones en cuentas por pagar a suplidores, que en su vasta mayoría corresponden a sus empresas matrices. La AEE niega categóricamente adeudar esas cantidades y sostiene que no pueden presentarse como costos nuevos causados por la eventual nulidad de la enmienda denominada Carta Extensión.

Las entidades también responsabilizan a LUMA por deficiencias en la facturación y el cobro, su alegado fracaso en lograr una reducción del hurto y de la energía no facturada, y el pobre desempeño en la recuperación de reembolsos federales que pone en riesgo billones de dólares destinados a la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Sostienen, además, que esos problemas han provocado las dificultades de liquidez del sistema que LUMA ahora intenta utilizar para impedir la cancelación de su contrato.

“LUMA no puede fallar en tareas fundamentales como cobrar la energía, combatir el hurto y gestionar los reembolsos federales, para luego presentar las consecuencias de su pobre desempeño como un reclamo que el pueblo debe aceptar. La AEE rechaza esas supuestas deudas y exigirá que cualquier costo relacionado con el proceso de transición se examine y se pruebe”, añadió Colón Ortiz.

La AAPP y la AEE reafirmaron que el Artículo 16 del contrato contempla un período de doce meses durante el cual LUMA tendría que continuar operando el sistema y colaborar con un operador sucesor.  Cabe aclarar que la determinación judicial solicitada anulará la enmienda denominada Carta Extensión, no así el contrato, lo que permite la activación del Artículo 16.

La moción también señala que mantener indefinidamente el acuerdo suplementario supone continuar pagando un cargo anual fijo de servicio superior a $143 millones, cargo que pagan los consumidores, frente al cargo fijo base de $70 millones que se pagaría bajo el contrato principal.

“La continuidad del servicio no es una concesión de LUMA: es una obligación contractual. Puerto Rico puede hacer cumplir la ley, proteger a los consumidores y llevar a cabo una transición ordenada. Ningún operador tiene derecho a convertir su contrato en uno perpetuo mediante amenazas de caos o cifras sin sustento”, concluyó Colón Ortiz.