«La ASL no es una lengua universal y mucho menos natural de la comunidad sorda en Puerto Rico», detalla la medida.
Un hombre con un implante coclear, visible en la parte trasera y sobre la oreja (Diego M. Nieves/NotiCel).
El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ángel Toledo López presentó el lunes, por tercera vez, un proyecto de ley que oficializaría la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSP) como la lengua natural de la comunidad sorda en Puerto Rico.
Anteriormente, Toledo López intentó dos veces que se reconociera la lengua: primero con una medida análoga (PS 618), que recibió el veto de bolsillo de la gobernadora «por error», según le contó a NotiCel, y la segunda vez con el PS 898, que fue vetado sin ninguna explicación de parte de La Fortaleza.
En su tercer intento, el Proyecto del Senado 1463 busca establecer como política pública que se le garantice a la comunidad sorda la inclusión, la diversidad y el respeto a sus derechos lingüísticos, además de realizar un censo dirigido a recopilar información estadística sobre esta población.
«En Puerto Rico, la comunidad sorda ha enfrentado una marginación histórica debido a varios factores, entre ellos, la falta de reconocimiento oficial de su lengua natural, la LSP», comienza la exposición de motivos.
Explica que la lengua se ha desarrollado orgánicamente dentro de la comunidad sorda y que constituye el principal medio de comunicación para muchas personas sordas y sordociegas en la Isla, pero reconoce que la falta de su adopción ha impuesto múltiples barreras en el ejercicio de los derechos fundamentales.
«Desde la falta de intérpretes en hospitales y tribunales, hasta la escasa disponibilidad de materiales educativos en LSP y la ausencia de una política lingüística inclusiva, han limitado el ejercicio pleno de sus derechos», explicó el senador.
Añade que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por Puerto Rico, se establece el derecho de las personas sordas a comunicarse en su lengua de señas.
La medida menciona que la Defensoría de las Personas con Impedimentos ha estimado que en el archipiélago hay entre 189,000 y 200,000 personas sordas.
Por otro lado, según el Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las señas puertorriqueñas están en riesgo de desaparecer.
«Desde una perspectiva demográfica, se estima que en Puerto Rico miles de personas utilizan la LSP como su principal forma de comunicación. Sin embargo, la falta de datos oficiales precisos sobre la población sorda en la Isla dificulta la formulación de políticas públicas efectivas», explica la exposición de motivos.
La exposición de motivos explica que durante el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, los medios de comunicación utilizaron intérpretes que se comunicaban en Lengua de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés). Esto generó confusión entre las personas sordas, ya que no comprendían las alertas y directrices.
Por estas confusiones, pide que se incluyan las variantes regionales. La medida utiliza como ejemplo la lengua de señas de Orocovis (LSOR).
En Orocovis, la comunidad sorda confundía las señas de «transformador» y «huracán», ya que ambas se representaban con la misma seña. Esta variante orocoveña fue identificada por una investigación de la lingüista e intérprete Marina Martínez Cora.
La presidenta de Sordos Unidos de Puerto Rico contó anteriormente a NotiCel que, debido a esta confusión, algunas personas sordas nunca llegaron a enterarse de que se acercaba un huracán.
«Este caso resalta la necesidad de adoptar políticas lingüísticas que fomenten la investigación, estandarización y enseñanza de la LSP en todas sus formas, con el fin de asegurar su desarrollo y evitar la pérdida de una parte fundamental del patrimonio cultural de la comunidad sorda en Puerto Rico», reconoció el senador.
Por esta razón, la ley exigiría a la Defensoría de las Personas con Impedimentos y al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un censo detallado sobre la LSP, sus variantes y las necesidades de acceso en los ámbitos público, educativo, de salud y social.
La exposición de motivos explica que las personas sordas que utilizan LSP y español son consideradas bilingües, aunque en la Isla esto no se reconozca así. Añade que estas se consideran lenguas porque poseen estructura gramatical, sintaxis, vocabulario y reglas lingüísticas propias.
«Así, una persona sorda que se comunica mediante la LSP y domina el español escrito o hablado participa de dos sistemas lingüísticos diferenciados; y aquella que, además, adquiere competencia en inglés u otra lengua puede ser considerada multilingüe o políglota», explica el documento.
Por otro lado, otros países han logrado oficializar sus lenguas de señas en reconocimiento a los derechos lingüísticos, como lo hizo España con una ley que reconoce la lengua de señas española y la catalana.
También menciona a la República Dominicana, que reconoció las señas dominicanas y estableció su uso en la educación y el gobierno para «garantizar la plena participación de la comunidad sorda».
La exposición de motivos denuncia que la falta de enseñanza del idioma ha creado una barrera comunicativa que limita el acceso equitativo a la información y a los servicios gubernamentales. Añade que esto perpetúa la exclusión y obstaculiza social y económicamente a la comunidad sorda.
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, un 34% de las personas sordas no tenía empleo en 2022, mientras que el proyecto señala que el desempleo es «significativamente» más alto en comparación con la población general.
El impacto económico que presenta el proyecto es positivo, ya que garantizará el acceso a la educación y al empleo de las personas sordas, fomentando así su independencia económica. Además, sostiene que la capacitación de intérpretes y la implementación de programas generarían más empleos y contribuirían a una sociedad más equitativa.
La medida se radicó el 14 de septiembre en una sesión ordinaria del Senado y fue referida a las comisiones de la Familia, Asuntos de la Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos.
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