Con el Proyecto de la Cámara 1043, presentado por el representante Roberto López Román a petición de la Unión General de Trabajadores, estos 1,665 empleados civiles del DCR acumularían a 2.50 días de vacaciones al mes.

La Junta de Supervisión Fiscal se ha opuesto a incluir al personal civil del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) dentro del grupo de trabajadores al que les aplica la acumulación de días de vacaciones a razón de 2.5 días al mes.

Con el Proyecto de la Cámara 1043, presentado por el representante Roberto López Román a petición de la Unión General de Trabajadores, estos 1,665 empleados civiles del DCR acumularían a 2.50 días de vacaciones al mes. Se lograría al ser incluidos dentro de un lista de trabajadores gubernamentales a quienes no les aplica el límite de 1.25 días al mes.

El proyecto beneficiaría a personal que brinda servicios médicos, psicológicos, educativos, acceso a tribunales (Servicios Bibliotecarios), servicios de alimentos, servicios recreativos y Quejas y Agravios. Si se convirtiera en ley, este personal se uniría a otros empleados gubernamentales que también acumulan 2.5 días de vacaciones por mes:  empleados docentes y directores escolares, maestros certificados del DCR y de la Administración de Rehabilitación Vocacional, agentes de la Policía de Puerto Rico, Oficiales de Custodia, bomberos, el Cuerpo de Vigilantes y los empleados del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.

El proyecto de ley ya se encuentra en el Senado.

La Junta se ha opuesto en el pasado a medidas que buscan aumentar los días de vacaciones y días de enfermedad que acumulan los empleados públicos. Por ejemplo, en el contexto de la impugnada Ley 176-2019, el Tribunal de Apelaciones de Boston concluyó que aumentar el tiempo de vacaciones y días de enfermedad de empleados públicos sin reducir su paga resulta en costos laborales más altos y choca con la misión de la Ley PROMESA de asegurar la solvencia fiscal del gobierno, indicó el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica.

De hecho, la Junta consignó el 10 de abril de este año su oposición a la medida de la Cámara al sostener que el gobierno le pagaría a estos empleados civiles más por hora en relación a las horas trabajadas.

“Para atender este desbalance, el gobierno tendría que reducir el total de horas trabajadas por los empleados del DCR, reclutar más empleados o aumentar la compensación por tiempo extra. La primera opción resultaría en una reducción de servicios de gobierno y las últimas dos aumentarían los gastos más allá de lo contemplado en el presupuesto certificado…”, indicó Mujica.

La Junta entiende que enmiendas al proyecto como reducir las horas extra sin aumentar la contratación temporera no son suficientes para atender la preocupación sobre la viabilidad fiscal de la propuesta.

“Por las razones establecidas, el Proyecto de la Cámara 1043 sigue siendo inconsistente con el Plan Fiscal”, indicó Mujica.

La pieza legislativa fue referida a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa pero al aprobarse en la Cámara el documento no estaba disponible.

Sin embargo, según la comisión argumentó que las enmiendas de control financiero introducidas neutralizan el impacto en la nómina al elevar a rango de ley la prohibición de generar gastos por concepto de horas extras o contrataciones de personal sustituto temporal. El DCR calculó el impacto impacto fiscal anual de la medida asciende en $4 millones y la agencia argumentó que, debido a la edad biológica de gran parte de la plantilla “la agencia enfrenta un encarecimiento operacional debido al ausentismo crónico por enfermedad y desgaste acumulado”, lee el informe positivo de la medida.