Robert Mujica señala que 2,462 estudiantes son atendidos a través de servicios comprados dentro del universo completo de estudiantes de la corriente de educación especial, que son 109,062. Hace tres años la cantidad de estudiantes bajo servicios comprados era 1,812.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continúa exigiéndole al Departamento de Educación información sobre sus finanzas y ahora le está dando hasta el 2 de octubre para que detalle las operaciones del programa de servicios comprados para estudiantes de educación especial.

Este programa fue creado para brindar servicios a esta población en centros privados de educación cuando la agencia no los puede prestar.

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En una carta con fecha de ayer, el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, señala que 2,462 estudiantes son atendidos a través de servicios comprados dentro del universo completo de estudiantes de la corriente de educación especial, que son 109,062. Hace tres años la cantidad de estudiantes bajo servicios comprados era 1,812.

La inversión de Educación por estos 2,462 estudiantes alcanza $145 millones y 158 instituciones privadas dan ese servicio. Para comparar, el gasto por estudiante en la corriente de educación especial es de $7,000 anuales, pero en servicios comprados alcanza $58,845 anuales, en promedio.

“Esta dependencia incrementada en servicios comprados refleja la incapacidad continua del Departamento de Educación en establecer suficientes recursos, salones especializados y programas para servirle a estos estudiantes dentro del sistema de educación pública”, indica Mujica. “Esto trae preocupaciones sobre el uso de fondos públicos a través de toda la población de estudiantes de escuelas públicas, particularmente dentro de la población de Educación Especial”, agregó.

Mujica remató que todas estas interrogantes de la Junta surgen en momentos en que los resultados de las pruebas CRECE para el año académico 2025-2026 reflejaron una baja en el desempeño dentro del Programa de Educación Especial.

El director de la Junta también levanta la preocupación de que Educación utilizó fondos federales no recurrentes para financiar gastos recurrentes en el Educación Especial y, con ese dinero fuera del panorama, “las obligaciones se mantienen”.

“El resultado es un compromiso recurrente que ahora pone presión contra el presupuesto de día a día del gobierno, el Fondo General, sin la fuente de ingresos recurrente”, dijo Mujica al repasar lo que describe como “deficiencias” de Educación en planificación de presupuesto, administración y controles fiscales.

La información que tiene que entregar Educación en o antes del 2 de octubre incluye acciones tomadas por la agencia para atender por qué no puede brindar servicios a estudiantes que tienen que recurrir a instituciones privadas y detallar un plan para que esos estudiantes se queden en el sistema público.

Además, la Junta quiere conocer el detalle, estudiante por estudiante, de qué servicios específicos reciben en instituciones privadas y que Educación explique cómo aprueba y monitorea los costos de estos servicios, que son fijados por los entes privados.

Igualmente, cómo Educación evalúa el desempeño de esas instituciones privadas.

Reacciona Educación

“Nuevamente, la Junta de Supervisión Fiscal nos hace un requerimiento de información sobre asuntos que han sido ampliamente discutidos y explicados en innumerables reuniones entre sus representantes y el equipo del Departamento de Educación. De hecho, la propia comunicación reconoce que parte de los datos que utiliza fueron provistos por el DEPR a la Junta tan recientemente como julio de 2026. Como hemos hecho anteriormente, cumpliremos con el requerimiento y proveeremos la información solicitada dentro del término establecido. Asimismo, estaremos disponibles para reunirnos nuevamente, aclarar cualquier duda y explicar, cuantas veces sea necesario, los procesos que rigen estos servicios», sostuvo el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés en declaraciones escritas.
 
«Sin embargo, resulta evidente que, pese a la apertura que siempre ha demostrado el Departamento y a las constantes reuniones de trabajo, todavía persiste un desconocimiento sobre el funcionamiento de algunas áreas del DEPR y, particularmente, sobre la complejidad de los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes de Educación Especial. Fiscalizar es una responsabilidad de la Junta y la respetamos. Nuestra responsabilidad es garantizar los servicios que nuestros estudiantes necesitan y a los que tienen derecho. Seguiremos colaborando y ofreciendo toda la información requerida, pero también defenderemos con firmeza las decisiones que sean necesarias para garantizar los derechos y servicios de nuestros estudiantes», sostuvo.