La exposición de motivos reconoce que una parte significativa de las familias participantes del Programa R3 no había logrado adquirir una vivienda, entre otras razones, por el rechazo de vendedores a aceptar fondos federales como método de pago.

Ayuda Legal Puerto Rico cuestionó el veto de la gobernadora al Proyecto del Senado 679, una medida dirigida a eliminar barreras que continúan impidiendo que familias sobrevivientes de desastres puedan acceder a una vivienda utilizando fondos federales de recuperación.

La legislación buscaba prohibir el discrimen contra participantes de programas como el Programa de Asistencia al Comprador y el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), establecer mecanismos para atender querellas y promover un uso más efectivo de los fondos CDBG-DR destinados a la recuperación.

La medida respondía a una realidad ampliamente documentada: familias que cuentan con ayudas federales aprobadas enfrentan el rechazo de vendedores y otros obstáculos para completar la compra de una vivienda únicamente por el origen de los fondos que utilizan. La propia exposición de motivos reconoce que una parte significativa de las familias participantes del Programa R3 no había logrado adquirir una vivienda, entre otras razones, por el rechazo de vendedores a aceptar fondos federales como método de pago, una práctica que debilita la recuperación y pone en riesgo el uso efectivo de recursos asignados a Puerto Rico.

Esta legislación fue redactada por Ayuda Legal Puerto Rico y presentada desde la oficina del Senador Carmelo Ríos.

El informe legislativo concluyó que el proyecto establecía un balance adecuado entre la protección contra prácticas discriminatorias y el respeto al derecho de propiedad, incorporando excepciones para situaciones comerciales legítimas mientras prohibía el discrimen por la fuente de los fondos de recuperación. Asimismo, reconoció que facilitar estas transacciones contribuiría a una utilización más eficiente de los recursos federales y al fortalecimiento de la recuperación de las comunidades afectadas por los desastres.

“Este veto representa una oportunidad perdida para remover barreras que siguen impidiendo que miles de familias puedan ejercer su derecho a una vivienda. En medio de una crisis de vivienda sin precedentes, del desplazamiento de comunidades y de la frustración que viven miles de personas por la lentitud de la recuperación, el Estado debería estar eliminando barreras, no preservándolas. Cada familia que no logra completar una compra de vivienda por el rechazo a fondos federales representa una recuperación inconclusa y una oportunidad perdida para fortalecer nuestras comunidades. Nos resulta inexplicable esta actuación de la gobernadora”, expresó la licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Godreau advirtió que el veto ocurre en un momento particularmente complejo para Puerto Rico, cuando la crisis de vivienda continúa profundizándose, aumentan los costos para acceder a un hogar, comunidades enteras enfrentan procesos de desplazamiento y la población experimenta el deterioro de servicios esenciales como el agua y la electricidad. Garantizar el acceso efectivo a los fondos CDBG-DR requiere atender no solo los procesos administrativos, sino también las prácticas discriminatorias que continúan limitando el acceso a la vivienda. La organización hizo un llamado a que se impulsen medidas que eliminen obstáculos al uso de los recursos federales, fortalezcan la recuperación post desastre y garanticen que las familias puedan acceder a una vivienda segura, digna y libre de discrimen.