Además descarta aumentos en matrícula y cambios al retiro.

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, anunció hoy que sometió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una revisión del Plan Fiscal Enmendado 2021, aprobada por la Junta de Gobierno, que extiende las proyecciones fiscales hasta el año fiscal 2027 y, según la administración de la UPR, sin contemplar aumentos adicionales en matrícula, cuotas o cargos estudiantiles, ni modificaciones al sistema de retiro universitario.

La UPR también solicitó a la JSF reconocer a la UPR como una entidad alineada con los objetivos del Título V de la Ley PROMESA, particularmente en lo relacionado con la revitalización de infraestructura crítica.

«La propuesta representa un paso estratégico para fortalecer la estabilidad financiera de la principal institución pública de educación superior de Puerto Rico, mientras se desarrolla un nuevo plan fiscal alineado a las realidades operacionales, académicas y económicas actuales del sistema universitario», lee un comunicado de la UPR.

En la expresión oficial se indica que la estrategia de Jordán Conde es que la UPR alcance «la sostenibilidad fiscal» diversificando ingresos, «sin trasladar nuevas cargas económicas a los estudiantes» y sin «generar incertidumbre entre los retirados y empleados del sistema universitario».

Se indicó que la Administración Central incorporó la proyección del inventario de propuestas de investigación de las distintas unidades del sistema, estimado en aproximadamente $258 millones para el periodo que culmina el 30 de junio de 2027.

“La Universidad necesita estabilidad fiscal, pero esa estabilidad no puede construirse a costa del acceso a la educación ni de quienes han dedicado su vida al servicio universitario. Este Plan Fiscal Enmendado presenta una ruta responsable y sensata: no aumentar matrícula, no imponer nuevos cargos y no alterar el sistema de retiro. Estamos apostando a una estrategia basada en alternativas reales de ingresos, incluyendo investigación, subvenciones, fondos federales y recursos públicos reconocidos por ley, para sostener nuestra misión con responsabilidad fiscal y sensibilidad institucional”, expresó Jordán Conde.

La revisión también incorpora el reconocimiento de la asignación anual de $500 millones dispuesta mediante la Ley 53-2021, correspondiente al periodo fiscal 2023-2027, un componente que la Universidad considera fundamental para sostener su estabilidad operacional y facilitar una planificación financiera responsable.

La Universidad destacó que su sistema universitario constituye infraestructura pública estratégica para Puerto Rico, no solo por su función educativa, sino también por su impacto directo en la investigación científica, la formación de profesionales, los servicios de salud, la innovación, la movilidad social y el desarrollo económico.

“La UPR no puede analizarse únicamente desde una óptica operacional o presupuestaria. La UPR es infraestructura estratégica para Puerto Rico. Aquí se forma el capital humano que sostiene nuestros sectores esenciales, se desarrolla investigación de alto impacto y se impulsa la innovación que fortalece la competitividad y recuperación de nuestra isla. Esa realidad debe formar parte de cualquier evaluación fiscal responsable”, añadió Jordán Conde.

La enmienda sometida no introduce nuevas medidas fiscales ni reformas estructurales adicionales para el año fiscal 2027, sino que actualiza proyecciones financieras basadas en resultados de ejecución, ingresos identificados, asignaciones legislativas, fondos federales y oportunidades externas de investigación y subvención.