«La paralización de una investigación legislativa cuando existe un referido y una pesquisa criminal en curso ante el PFEI se fundamenta», dijo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, informó que ha ordenado que sea detenida la pesquisa cameral en torno a los centros de inspección a raíz de la investigación que empezó la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y para, según él, evitar daños a la misma.

La decisión se toma un día antes de que tuvieran que acudir, so pena de desacato, Arturo Deliz, los operadores de Yabucoa Autor Services y los secretarios de Transportación y Obras Públicas y Hacienda.

El esquema incluía la pesquisa en torno al centro de inspección operado por la exsecretaria del departamento de la Vivienda, Ciary Pérez y su familia. Esa conducta podría constituir delito bajo el Código Penal, al igual que violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

“Es prudente paralizar la investigación legislativa, por un término equivalente al que dispone el Fiscal Especial para culminar la investigación encomendada, conforme al Artículo 12(4) de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988”, dijo Méndez en un comunicado.

En una carta enviada al presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José ‘Cheito’ Hernández, el líder legislativo destacó que “reconocemos el amplio poder de investigación que poseen las Comisiones Legislativas. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576 (1983). Sin embargo, la paralización de una investigación legislativa cuando existe un referido y una pesquisa criminal en curso ante el PFEI se fundamenta en principios constitucionales y en jurisprudencia tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos”.

“En primer lugar, podemos estar infringiendo el principio constitucional de separación de poderes. El Departamento de Justicia de Puerto Rico y el PFEI tienen la función exclusiva de investigar y procesar delitos. Cuando la Legislatura continúa una investigación paralela sobre los mismos hechos, puede invadir esas funciones. La jurisprudencia reconoce que debe existir deferencia para evitar conflictos entre ramas. En segundo lugar, la Constitución de Puerto Rico garantiza el debido proceso de ley. Una investigación legislativa pública puede exponer prueba antes de tiempo, alertar a posibles imputados, destruir o alterar evidencia, contaminar testigos e influir en potenciales jurados”, añadió el Presidente Cameral.

“Aun cuando los procesos se lleven a cabo mediante mecanismos de Reuniones Ejecutivas, no podemos limitar lo que los legisladores que estuvieron presentes puedan comunicar a terceros sobre lo ocurrido en dichas reuniones. Esta situación aumenta el riesgo de provocar un perjuicio o daño irremediable en la investigación penal que llevan a cabo las agencias pertinentes. Véase Watkins v. United States, 354 U.S. 178 (1957)”, sostuvo.

“Siempre hemos sido defensores de la amplia facultad investigativa que posee la Asamblea Legislativa y nunca nos ha temblado el pulso para atender asuntos medulares, vengan de donde vengan. Sin embargo, en el análisis del balance de los intereses que nos corresponde ejercer y, bajo las facultades que me concede el Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, ordeno suspender y paralizar la investigación legislativa bajo la Resolución de la Cámara 352, por un término equivalente al que dispone el Fiscal Especial para culminar la investigación encomendada”, afirmó.

Méndez resaltó el trabajo de Hernández, indicando que “con lo que se ha logrado hasta ahora por el trabajo profesional y dedicado del Presidente de la Comisión, así como sus miembros, se puede crear legislación de avanzada que establezca mayores controles sobre trámites y procedimientos que, en algunas instancias, nunca existieron y que proveerán mayor responsabilidad, certeza y transparencia en el futuro”.