El convicto Hermes Ávila Vázquez alegó en una entrevista con el personal de investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación que uno de los médicos le inyectaba una sustancia para que perdiera movilidad de la cintura para abajo y así apareciera con algún signo de paraplejia.
En la vista no trascendió cuántas veces fue inyectado.
Según el asesino confeso, existía un acuerdo entre uno de los médicos de Physician Correctional y él que consistía en que si obtenía su libertad gracias a la trampa, el reo tenía que desistir de una serie de demandas que había presentado contra Physician Correctional.
Ávila Vázquez identificó al médico que supuestamente lo inyectaba con el apellido Pichardo. Ávila Vázquez se declaró culpable del asesinato el pasado lunes y fue sentenciado a 102 años de prisión.
Esta información se discutió en la vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias y de Salud Mental que preside el senador José Vargas Vidot, que realiza una investigación sobre la negligencia en la aplicación de Ley 25 en el caso de Ávila Vázquez.
Alexis Rodríguez Rivera fue el deponente en la vista de hoy y fue el encargado de corroborar e investigar dichas declaraciones e irregularidades en el caso junto a 36 investigadores a su cargo.
Rodríguez Rivera es gerente de investigaciones en el DCR desde el 2019 y se encarga de trabajar las situaciones internas, asignar investigaciones y velar que se cumplan.
Su informe con los hallazgos recoge las declaraciones de empleados involucrados con la salida del reo, así como un análisis a la luz del informe que llegó a realizar la compañía UTICORP al panel de médicos.
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El documento de 113 páginas no se hizo público como lo solicitó el senador penepé Thomas Rivera Schatz, porque contiene información personal de los ochos empleados que recibieron una carta de destitución de su empleo por parte de la administración de DCR, así como de otros entrevistados.
Las alegaciones de Ávila Vázquez sobre cómo supuestamente era inyectado surgieron en la vista cuando la senadora María de Lourdes Santiago leyó algunos de los documentos compartidos con la comisión.
El senador Vargas Vidot dijo a NotiCel que el informe será público tan pronto puedan borrar las partes confidenciales.
Entre las páginas de la 90 a la 93 del informe, se recoge la entrevista que se le realizó a Ávila Vázquez, quien aseguró que le iban aprobar la ley con que se permite la liberación de convictos que sufren condiciones terminales, si desistía de continuar con las demandas que había presentado contra Physician.
Ávila Vázquez es un individuo descrito por la Policía y por allegados como un mentiroso compulsivo que logró su excarcelación fingiendo que sufría una condición terminal.
El informe también sostiene que el doctor Pichardo le inyectaba al reo una sustancia que le hacía perder movilidad de la cintura para abajo como parte del acuerdo antes mencionado.
Se trataba de un esquema del que supuestamente tenían conocimiento, según se declaró en la vista, la supervisora de enfermería Ana Rosa Lafontaine Reyes y el doctor Jeffrey González, quien es parte del panel de médicos. En concreto, fue Vargas Vidot quien, utilizando los documentos provistos, cuestionó a Rodríguez Rivera sobre la participación en el esquema de Lafontaine Reyes y González.
Vargas Vidot, armando de los documentos, también soltó que, una vez en la libre comunidad, Ávila Vázquez fue visto con el doctor González. No se ofrecieron detalles, pero en los escritos se indica que González le pidió dinero a Ávila Vázquez.
No se precisó la cantidad.
“Esa es la declaración de él”, aseguró Rodríguez Rivera.
Las declaraciones de Ávila Vázquez fueron referidas al Departamento de Justicia tras tratarse de hallazgos criminales y no se incurrió en una investigación mayor de parte del DCR.
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El informe de Rodríguez Rivera fue ampliado recientemente con nuevos hallazgos. Por ejemplo, se indicó que la doctora Déborah Arus Rosado confesó que cuando se enteró del asesinato de Ivette Joan Meléndez, se comunicó por mensaje de texto con Lafontaine Reyes y esta le dijo que ellos sabían que él caminaba.
“La doctora Arus vino a esta Comisión y habló del caso frente a nosotros y tampoco dijo esto. Tampoco trajo esta información. Realmente, esto me parece escandaloso”, reaccionó el senador Rafael Bernabe Riefkhol.
“Nos mintieron bajo juramento”, añadió Vargas Vidot.
El documento también contiene recomendaciones para mejorar los procesos administrativos en el DCR con la Ley 25.
Por ejemplo: se destacó que no se debió excluir las condiciones limitantes en la Ley 25 y que aconsejan que se enmiende la ley para que se limite solo a familiares los responsables de hacerse cargo del reo en la libre comunidad.
No a conocidos, ni amistades, como sucedió con Ávila Vázquez.
El documento concluye que los argumentos de los médicos entrevistados de Physician Correctional fueron incongruentes y que en efecto, la evaluación de Ávila Vázquez se llevó a cabo por un médico de familia y no por un internista.
También se certificó en las páginas 35 y 36 que Physician Correctional corroboró el expediente del asesino por teléfono con el Fondo de Seguro del Estado y que nunca hubo evidencia que el tono muscular de Ávila Vázquez fuera consistente con un paciente de paraplejia.
El Hospital Universitario también había certificado en el 2015 que el paciente soportaba peso completo y que caminaba sin asistencia.
El fisiatra que atendió a Ávila Vázquez en ese entonces tampoco describió al paciente como parapléjico.
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De igual manera en el informe, se recoge las confesiones de la enfermera Virgen Oquendo Camacho, quien tuvo una relación sentimental con Ávila Vázquez, y quien admitió que conocía que él caminaba después de salir a la libre comunidad y que trabajaba.
También confesó que en una de las salidas con él, los vio el oficial Ramos, del Centro Médico Correccional y que ella nunca comunicó la relación con Hermes en el DCR.
Esta enfermera fue destituida el pasado mes de junio.
“Hemos visto un desfile espantoso de irregularidades, incompetencia, negligencia desde la secretaria del DCR hasta los empleados de comunidad norte – central. Una combinación fatal…Lo que hemos visto es una incapacidad absoluta de supervisión en todos los niveles que no se va a solucionar destituyendo a los responsable….”, expresó la senadora María de Lourdes Santiago.
La Comisión de Iniciativas Comunitarias y de Salud Mental adelantó a este diario digital que para la semana que viene, con gran probabilidad, estarán citando a la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, para que rinda cuentas.
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