Luis Javier Hernández se sostiene en que el secretario de Recursos Naturales ofreció respuestas falsas en su vista de confirmación.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, reafirmó este martes que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, ofreció información falsa bajo juramento durante su proceso de confirmación en el Senado, lo que —a juicio del legislador— podría configurar el delito de perjurio.

“Para mí, me mintió. Yo lo planteé públicamente. Ahora falta que el Departamento de Justicia investigue”, declaró Hernández a su salida de Justicia, donde se reunió con personal de la División de Integridad Pública para entregar documentos que, según afirmó, sustentan sus denuncias.

Esta nueva denuncia se suma al señalamiento que ya había realizado horas antes en una comparecencia inicial, donde alegó que Quiles firmó una orden administrativa ilegal apenas horas después de ser nominado —y sin haber sido confirmado— bajo presuntas instrucciones de la gobernadora; Jenniffer González Colón.

El senador sostiene que la orden, que incluye un inciso para archivar casos de ocupaciones en La Parguera, fue redactada y aprobada a pesar de advertencias internas del DRNA que desaconsejaban su firma por ser contraria al reglamento vigente.

“Pueden haber acciones de perjurio, porque el secretario rindió testimonio bajo juramento durante su confirmación. Y las preguntas que se le hicieron y sus respuestas fueron bajo juramento”, insistió Hernández, quien participó en la vista de confirmación como miembro de la Comisión de Nombramientos.

El popular también señaló que el foco de la investigación por parte de Justicia está centrado en tres elementos principales: la legalidad de la orden administrativa; si existía un borrador previo —presuntamente dejado por la exsecretaria Anaís Rodríguez— que incluyera el inciso F; y si hubo instrucciones superiores para que Quiles firmara el documento, pese a advertencias contrarias desde la División Legal del DRNA.

“La investigación está bastante adelantada. Ya se han citado varios testigos, y yo entregué hoy múltiples documentos, muchos de ellos relacionados a trámites legislativos y peticiones de información que hice desde el Senado. Todo esto forma parte del expediente”, explicó.

No obstante, aunque se enmendó el polémico inciso F, Hernández reiteró que, a su juicio, el daño ya estaba hecho.

“Esa enmienda era insuficiente porque, aunque suaviza el lenguaje, sigue instruyendo el archivo de los casos por entenderlos académicos. Esa redacción no subsanó el error, lo mantuvo”, añadió.

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De igual forma, denunció que, desde el inicio, la gobernadora tenía conocimiento de que esta orden beneficiaría directamente a sus suegros, quienes tienen estructuras en la zona costera de La Parguera.

“Me parece un acto antiético de parte de la gobernadora el presentar o fomentar que se firme esa orden administrativa, y peor aún, presentar legislación para legalizar esa área, reconociendo que beneficia directamente a sus familiares”, expresó.

Hernández recordó que la primera petición de información sobre el asunto fue de su autoría y fue aprobada unánimemente en el Senado. Como parte de esa gestión, también se solicitó una opinión legal del Departamento de Justicia, que eventualmente culminó en el referido a la División de Integridad Pública.

“Nosotros fuimos los que iniciamos esta fiscalización. Ahora, nuestra expectativa es que el caso no se quede en entrevistas, y que si hay méritos, se refiera al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, sentenció.

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