El gobierno pidió al tribunal que no se transmitiera su testimonio para que el proceso no se convierta en un “reality show”.

Sin que el Tribunal Supremo accediera, el Departamento de Justicia llegó a solicitarle que prohibiera la transmisión del testimonio de la gobernadora Jenniffer González Colón en el caso criminal contra Adriana Nicole Vázquez Pérez, acusada del delito menos grave de alteración a la paz por interrumpir una misa en honor a la juramentación de la mandataria con una protesta en contra de ella y su partido.

Cuando autorizó la transmisión del juicio el 20 de marzo pasado, el Alto Foro no hizo referencia a la objeción que levantó el Ministerio Público a través de la Oficina del Procurador General (OPG) sobre la transmisión del testimonio de la mandataria, por lo que la transmisión debe proceder como la de decenas de otros casos en los que se ha autorizado. Solo emitió voto disidente la jueza Mildred Pabón Charneco, quien de ordinario se opone a la transmisión de los procesos.

Pero NotiCel tuvo acceso a las mociones de la OPG objetando las peticiones de transmisión que hicieron Jagual Media y Observadorx Press Comunitario en las que argumentó que González Colón comparece a título personal y no como la Primera Ejecutiva. El juicio está pautado para el 21 de abril.

La postura del procurador Omar Andino Figueroa y su auxiliar, Aracelis Burgos Reyes, resalta por cómo ese argumento pueda desarrollarse en el juicio, en el que una de las defensas de la acusada es que su acto fue una protesta política protegida por la libertad de expresión, pero el estado argumenta desde ahora que González Colón estaba allí como persona privada, no como funcionaria. Esto, aunque la actividad era una misa convocada por motivo de su juramentación y contaba con seguridad oficial, que dejó pasar a la acusada al recinto.

“Por el simple hecho de ser Gobernadora, la señora González Colón, como perjudicada estará expuesta a un grado de crítica y burla, al que no estaría sujeta cualquier otra víctima de delito. No deben ignorarse los sentimientos y necesidades de la señora González Colón en este proceso judicial”, planteó la OPG.

“Para que los ciudadanos estén informados en este caso, es innecesario que los medios de comunicación reproduzcan y transmitan masivamente por televisión e internet las imágenes y el audio de los testigos mientras estén ofreciendo sus declaraciones”, dijo la oficina que, de entrada, pidió que no se transmitiera nada del proceso y, en su defecto, que se transmita lo demás, menos la participación de la gobernadora.

En su argumento de que el testimonio de González Colón como funcionaria no sería lo mismo que como persona privada víctima de delito, la OPG no citó fundamento de ninguna ley local, estatal o federal, ni ninguna decisión judicial local, estatal o federal. Apuntaron a un artículo de revista jurídica sobre las excarcelaciones humanitarias durante la pandemia en el que se dice que “las voces de todas las víctimas de crimen son valiosas”.

El día después de la misa, NotiUno entrevistó a González Colón en calidad de gobernadora y esta aseguró que proseguiría con el procesamiento criminal de Vázquez Pérez, que no iba a ser “leniente con eso”, porque “esto es una campaña política, ya abierta, de crear desestabilización, de crear controversia, de crear peleas… esto es activismo político”.

Luego, cuando la fiscalía confirmó que comparecería como testigo, Noticentro le preguntó si estaba preparada y contestó que «sí, claro, como siempre». En ese momento, no pidió trato especial para su testimonio ante la jueza Ana Paulina Cruz Vélez.

Por un lado, la OPG aclaró que “no persigue el interés de que se realice un proceso criminal cerrado u oculto” porque la prensa tendrá acceso al juicio y puede reportarlo, pero que no se tenía que transmitir para cumplir con ese derecho del público y la prensa.

Por el otro, la Procuradoría General argumentó que “el hecho de que el juicio se convierta en un circo mediático y sea excesivamente publicitado contaminará el proceso en su totalidad en la medida que afectará los testimonios de todos los testigos, no solo el de la señora González Colón. Por ende, la autorización de la transmisión solicitada afectaría adversamente el interés público y la consecución del fin último de la justicia que es la búsqueda de la verdad”. Esto es contrario a la trayectoria y política del Poder Judicial de ampliar el acceso del público a los procesos judiciales mediante la transmisión en vivo de los mismos.

La OPG hizo referencia a expresiones de jueces del Supremo que se han opuesto a la transmisión de los procesos y que han advertido en contra de que estos se conviertan en un “reality show”.

Al interrumpir la misa el 2 de enero pasado, Vázquez Pérez llamó “puta” y “pilla” a la gobernadora y expresó también “muerte al PNP, muerte a Jenniffer”. Luego, en un video en redes sociales, dijo que no se refería a matar a la gobernadora. Por esto, enfrenta cargos por delitos menos grave de alteración a la paz, amenaza, y por violentar el derecho de reunión.

Para leer la moción de la OPG, pulse aquí.

Vea:

Manifestante que protagonizó revuelo en misa de Jenniffer González se expresa