Tras años de un procesamiento criminal federal dilatado, el abogado Juan Zalduondo Viera no enfrentará cargos por lavar dinero a traficantes de drogas.

Tras una vista que duró tres minutos, casi una década de procesamiento criminal federal contra un abogado conectado con el Partido Popular Democrático (PPD) terminó con una orden judicial para que se desestimen los cargos por supuesta incapacidad mental.

Juan Ramón Zalduondo Viera fue arrestado en diciembre de 2014 como parte de una acusación con otros 16 individuos por conformar una organización de narcotráfico que lavó millones de dólares en el sistema bancario para convertir las ganancias en propiedades, yates y urbanizaciones completas que, al momento del arresto, todavía estaban en construcción.

Cuando ocurrió el arresto, Zalduondo Viera estaba al tope de su influencia como recaudador del PPD, como cabildero a favor de desarrollos (San Miguel Four Seasons Resort en terrenos del Corredor Ecológico del Noreste) y como miembro de varias estructuras públicas, incluyendo la Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo y la Fundación Histórica del Tribunal Supremo.

Pero el tiempo comenzó a pasar sin que sucediera nada significativo en el procesamiento del abogado. Sus coacusados se declaraban culpables, eran sentencias y hasta cumplían sus sentencias mientras Zalduondo Viera y otro acusado, el desarrollador Luis Santana Mendoza, permanecían en una especie de limbo judicial. El último desarrollo significativo fue en septiembre de 2017, cuando anunció que se declararía culpable.

Pero esa vista de aceptación de culpa nunca ocurrió. Durante la pandemia, las vistas de seguimiento del juez federal Daniel R. Domínguez se limitaban a aludir crípticamente a una controversia confidencial para la cual se necesitaba buscar a peritos que evaluaran a Zalduondo Viera. Llegó el punto en que, incluso, el juez Domínguez se retiró y el caso pasó a la jueza nueva María Antongiorgi Jordán, quien estableció plazos para que el acusado informara si se declararía culpable o, si no, para que enfrentara juicio.

En febrero pasado, la jueza fijó juicio para abril, pero se fue posponiendo hasta julio, cuando quedó sin fecha sujeto a un informe conjunto que debían someter la fiscalía y la defensa. El 8 de agosto pasado, según divulgó inicialmente Las Noticias, las partes conferenciaron confidencialmente con la jueza tras lo que esta ordenó al gobierno desestimar los cargos “porque se encontró que el acusado no está apto para enfrentar juicio, de acuerdo a un informe pericial”. Toda la vista duró tres minutos.

En un caso civil federal paralelo en el que la fiscalía busca confiscarle unos $560,000, no se ha hecho todavía una anotación sobre si continuará o no.

El único proceso pendiente en el cual se podría conocer con detalle la evidencia sobre las transacciones de entre 2011 y 2012 que se le imputan a Zalduondo Viera y Santana Mendoza en el esquema criminal es el juicio contra este último, que todavía está pendiente.

Santana Mendoza está intentando desestimar los cargos en mociones que tiene pendientes. Entre sus argumentos está que la fiscalía puede haber registrado las transacciones financieras que se hicieron a través de varias corporaciones que controlaban él y Zalduondo Viera, pero que no tienen evidencia de que ellos supieran que el origen del dinero era ilegal. Otro de sus argumentos es que Zalduondo Viera actuó sin que él supiera lo que su socio estaba haciendo.

“Está claro de la acusación, y se corrobora con la información en el descubrimiento de prueba, que Zalduondo Viera hizo los depósitos en sus cuentas y en las cuentas de su compañía Juaza Inc. y, por tanto, él es el ‘principal’ en los cargos cinco al 16. Al gobierno se le requiere probar en juicio que Santana Mendoza compartía la intención específica de Zalduondo Viera al depositar esos fondos en una institución financiera. Meramente proveerle dinero en efectivo a Zalduondo Viera sería insuficiente para condenar (a Santana Mendoza)”, alega una de las mociones. La fiscalía federal rechazó todos los argumentos.

La acusación imputa que los socios lavaron $3.2 millones en total, que Zalduondo Viera llevaba a las instituciones bancarias en denominaciones pequeñas, con billetes húmedos amarrados en gomas elásticas que cargaba en bolsas plásticas.

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