Un litigio activo desde 1999 abre una ventana a la historia del problema permanente en el gobierno: la falta de planificación y de mantenimiento.

Inversiones millonarias para equipos que en unos años no sirven, multas por incumplimiento ambiental, contratos cuantiosos para que suplidores hagan mantenimiento que se supone la agencia pueda hacer, soluciones de emergencia (y costosas) para resolver los problemas que se crean cuando los equipos fallan.

Desde la década del 70 en el siglo pasado, el doctor Juan Rigau Sepúlveda ha estado ligado, desde adentro y desde afuera, en procesos de gobierno para atender algunas de las responsabilidades más serias que tiene un gobierno. Las que rebasan cuatrienios y tienen que ver con la infraestructura de agua, energía y carreteras sin la que el país simplemente no sería viable.

Ha sido testigo de cómo esa tarea simplemente se fue descuidando, y empezaron a explotar las crisis.

En 1996, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) emitió un requerimiento de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) con el que supuestamente adquiriría un programa de computadoras para casar los procesos de mantenimiento con las regulaciones ambientales, y así evitar multas de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA).

La empresa de Rigau Sepúlveda tenía un programa único en el mundo, Argos2000, que estaba probado en Venezuela, Colombia y, de forma limitada, en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Pero la necesidad era tan específica, y el inventario de equipos tan grande, que tuvo que invertir cientos de miles de dólares en desarrollar la propuesta y diseñar cómo adaptar su programa a esa situación particular.

La AAA necesitaba el programa para evitar multas resultantes de un acuerdo de cumplimiento que había suscrito con la EPA en 1991. Tenía que servir para monitorear mantenimiento y cumplimiento en 2,314 instalaciones, incluyendo 1,127 plantas de tratamiento de aguas, 89 represas, 472 estaciones de bombeo de aguas usadas y 1,350 estaciones de bombeo de agua potable. En total, mantenimiento de 45,000 piezas de equipos, a cargo de 28 grupos de trabajo con 225 brigadas y 67 supervisores.

La empresa de Rigau Sepúlveda sometió su propuesta en 1996 junto a otras. Hubo presentaciones a un comité evaluador y ese comité emitió un informe con recomendaciones para la selección de una propuesta.

La AAA nunca presupuestó los fondos para adquirir el programa y ni siquiera contestó el informe del comité evaluador.

En 1999, Rigau Sepúlveda demandó y el 10 de julio de 2024, tras 25 años de litigio, el juez superior Raúl Candelario López adjudicó que la AAA tiene que pagarle $561,150.23. Esto es una parte de la compensación que estaba reclamando por los recursos económicos y humanos que invirtió durante dos años a la expectativa de que se firmara un contrato que nunca se firmó para que la AAA adquiriera su programa.

La determinación económica ocurrió este año, después de un juicio en el que testificaron Rigau Sepúlveda y su hija como encargada de la compañía. Pero en 2006, en una de las distintas etapas del caso, otro juez había concluido que la AAA le hizo creer al doctor que se firmaría un contrato, “creándole una falsa expectativa, pues no tenían la intención real de otorgarlo”. Rigau Sepúlveda “estuvo más de dos años negociando (con la AAA) entendiendo que se aplazaba la fecha de inicio, pero que el contrato era real y que era de él”, añade la sentencia de 2006.

Después de todo ese trayecto, y todavía a la expectativa de si la lucha legal va a seguir hasta el Apelativo o el Supremo, la frustración mayor de Rigau Sepúlveda no es que su demanda siga, sino que el pueblo de Puerto Rico sigue siendo víctima de los problemas fundamentales que propuestas como la suya querían atajar.

“Simplemente expresado: carencia de mantenimiento y de planificación. Mientras no se resuelva esto seguiremos contratando firmas del exterior quienes se lucraran a costa de tareas que debieran realizar las instituciones (públicas) indicadas”, dijo a NotiCel quien fuera el encargado en el gobierno de Puerto Rico sobre asuntos ambientales y de petróleo en 1973, cuando la crisis de energía de esa época, y luego fuera consultor para la creación de la Oficina de Energía en 1977.

“Impactando aún más la seriedad del problema, existe en Puerto Rico una costosa práctica, bastante generalizada, de no asignar, presupuestar y/o contabilizar adecuadamente los gastos reales del mantenimiento, de no fiscalizar adecuadamente el uso de los recursos institucionales y/o contratos de mantenimiento, de no implantar tareas de mantenimiento correctivo planificadas, de no cumplir con modos preventivos y/o predictivos que garanticen el logro de la vida útil potencial de los edificios, equipos, sistemas y localizaciones de interés público al menor costo y con el óptimo grado de confiabilidad posible”, argumentó.

Al día de hoy, Rigau Sepúlveda mantiene su empresa y sigue activo en consultoría. A su juicio, los operadores privados de la AEE, LUMA Energy y Genera PR, tampoco han implantado programas de mantenimiento suficientemente efectivos. El exfuncionario tiene redactado un anteproyecto sobre políticas públicas de mantenimiento que, claro, no se ha convertido en ley.

“Lo interesante es que han pasado 25 años y aún tenemos serios problemas de mantenimiento en AAA, AEE, Genera, LUMA y el Departamento de Educación por nombrar solo algunas instituciones de especial valor a Puerto Rico”, comentó.

Para el también músico, el gobierno debe procurar que la Universidad de Puerto Rico desarrolle profesionales con capacidades interdisciplinarias para llegar a soluciones realmente sustentables de manera eficaz. Como un conjunto de jazz, que “es dirigido constantemente por la percepción de un cambio potencial y el logro que sobreviene al poder resolver los retos armónicos que el cambio intenta evocar”.