Juez federal concede solicitud de fiscalía en el caso de un exdirector de Obras Públicas del Municipio de Cataño involucrado en esquema de soborno.

El juez federal Raúl Arias Marxuach concedió la solicitud de la fiscalía federal y condenó a 30 meses de cárcel al exdirector de Obras Públicas del Municipio de Cataño, Pedro Marrero Miranda, con la esperanza de que la sentencia sea un disuasivo para que el gobierno no siga llenándose de estafadores.

La defensa de Marrero Miranda pidió probatoria y el juez reconoció que el exfuncionario, quien se declaró culpable el 9 de junio pasado, tiene el apoyo de su familia, su iglesia, así como que tiene un empleo en el sector privado. Pero, a la vez, el juez expuso que los actos corruptos del hombre de 54 años van en contra del propio significado de un gobierno republicano porque el origen de la palabra «república» es «algo que se tiene en común con otras personas» y lucrarse del servicio público es una traición a este concepto.

Los actos de Marrero Miranda abonan a la desesperanza del público y provocan que «solo estafadores ingresen en el servicio público», añadió el juez al explicar que una sentencia de cárcel ayuda a cambiar esa tendencia.

En un escrito al tribunal, el fiscal Nicholas W. Cannon había explicado que los 30 meses ya son una sentencia reducida que refleja que fue el propio Marrero Miranda el que se acercó a la fiscalía en 2022 «para discutir sus opciones» después de conocer del arresto del exalcalde Félix «Cano» Delgado Montalvo por un esquema de soborno que protagonizó con los dueños de J.R. Asphalt y con el contratista Oscar Javier Santamaría Torres.

Cannon resaltó que Marrero Miranda «no fue responsable por el acuerdo original» mediante el que el exalcalde otorgó contratos a J.R. Asphalt a cambio de pagos en efectivo y relojes de lujo, y que fue «conducido» por el exalcalde a que tramitara los contratos con la empresa.

Marrero Miranda recibía $1 por cada metro cuadrado de asfalto nuevo que la empresa aplicara en las calles del municipio. «Este arreglo contemplaba pagos en efectivo a Marrero (Miranda), que este no reportó a las autoridades contributivas y éticas locales», precisó Cannon dejando planteada la posibilidad de que tanto el Departamento de Hacienda como la Oficina de Ética Gubernamental impongan sanciones contra el exfuncionario en sus respectivas áreas. La fiscalia calcula en $95,000 el beneficio económico que el convicto derivó del esquema.

«Al involucrarse en este esquema de soborno, Marrero (Miranda) defraudó a la comunidad para cuyo servicio fue contratado en el municipio. Marerro (Miranda) traicionó la confianza pública y, como un empleado público de larga experiencia, estaba consciente de la seriedad de su conducta», añadió el fiscal en un informe en el que, sin embargo, no mencionó que Marrero Miranda tiene historial de actos de fraude a nivel federal.

Siendo también jefe de Obras Públicas, pero en Toa Alta, recibió dinero como parte de un esquema que el convicto exalcalde de ese pueblo, Ángel «Buzo» Rodríguez Cabrera, ejecutó tras el paso del huracán Georges en 1998. Esto, según testimonio en el juicio de Rodríguez Cabrera.

Marrero Miranda no fue arrestado como parte del caso de Rodríguez Cabrera, pero sí lo fue luego por cargos de fraude mediante facturas en las rutas de distribución de agua potable que se establecieron tras el paso del huracán. Un juez federal desestimó esa acusación pero la fiscalía luego consiguió una transacción extrajudicial en un caso civil que sometieron relacionado con esos hechos para recobrar dinero.

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