Como había anticipado, el ente fiscal recurrió a la jueza de quiebras mediante una demanda que puede establecer nuevos límites del poder de la Junta sobre el Gobierno de Puerto Rico.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó hoy al Gobierno de Puerto Rico en el tribunal de quiebras para conseguir la anulación de la Ley 41 de 2022, que revirtió o modificó algunos elementos de la reforma laboral convertida en ley durante la Administración Rosselló Nevares y la cual recortó beneficios a los empleados del sector privado.

El pleito puede resultar en nuevos parámetros de cuáles son los poderes del ente fiscal sobre el gobierno ya que la posición de la Administración Pierluisi es que la Ley 41 solo afecta a patronos y empleados privados, y no impacta las operaciones del gobierno, mientras que la postura de la Junta es que violenta el Plan Fiscal porque tendría efecto de reducir la actividad económica y, por ende, los recaudos del gobierno.

«El gobierno violentó abiertamente el Plan Fiscal de 2022 al autorizar la Ley 41 porque hace precisamente lo que el Plan Fiscal certificado prohíbe. Al revertir reformas laborales críticas (de la Ley 4 de 2017) y añadir nuevos requisitos legales para el empleo que impactan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, la Ley 41 desincentiva el empleo en la isla y tendrá un impacto negativo en la inversión, participación en la fuerza laboral e ingresos del gobierno. Entre otras cosas, la ley crea nuevos beneficios laborales, reduce los requisitos para acumular beneficios de vacaciones y por enfermedad y para cualificar para bonos de Navidad, y aumenta los costos y riesgos para los patronos cuando despiden empleados», sostiene la demanda sometida por los abogados de la Junta, el bufete O’Neill & Borges, cuyos clientes en el área laboral son usualmente patronos.

El documento, que tiene casi 2,000 páginas de anejos, sostiene que el gobierno violentó el esquema de evaluación de leyes que dispone la Ley PROMESA porque no preparó un estimado formal sobre el impacto de la Ley 41 en las finanzas públicas ya que concluyó que la tarea era muy «compleja y difícil».

La Junta presentó al tribunal, como había hecho ya al gobierno, su propio estimado preparado por el economista Robert Triest sobre el impacto de la Ley 41.

«En la determinación de la Junta, basada en el análisis de su economista, la Ley 41 impide o derrota PROMESA porque, entre otras cosas, revierte reformas laborales que el Plan Fiscal 2022 específicamente mandata que no se reviertan, y lo hace sin evaluar el impacto en los recaudos», añade el recurso que pide la anulación de la Ley 41 y que la jueza Laura Taylor Swain emita un interdicto para prohibir que el gobierno la aplique.

«Dao que la Ley 41 impacta la fuerza laboral completa del sector privado y, como consecuencia, le economía entera, la decisión del gobierno de no preparar un estimado del impacto en los recaudos no solamente es temeraria, sino que es fiscalmente irresponsable y directamente contraria a PROMESA», sostiene el ente fiscal en la demanda.

Mediante comunicado, el presidente de la Junta, David Skeel, añadió que “Puerto Rico ha hecho progresos sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la implantación de la Ley 41 echaría ese progreso para atrás». “Puerto Rico no puede implantar una ley que ata las manos de los negocios que quieren crecer. La Ley 41 descarrilaría el progreso de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuiría el crecimiento económico que el pueblo de Puerto Rico merece», añadió.

Para ver la demanda, pulse aquí.

Vea:

Rumbo al Tribunal la Junta de Supervisión Fiscal para retar la Reforma Laboral