Según la investigación, utilizó la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al expresidente de la Legislatura Municipal de Caguas, José R. Torres Torres, por el uso indebido de propiedad y servicios públicos para beneficio personal.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, Emanuelli Hernández realizó la correspondiente notificación a la OPFEI tras acoger un informe de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que estuvo a cargo de la investigación junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

La DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que las actuaciones de Torres Torres constituyen infracción a los artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal de Puerto Rico. Igualmente, concluyó que el querellado incurrió en la conducta delictiva tipificada en el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

“Conforme a los hallazgos, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos, recomendamos la designación de un FEI. En el día de hoy referimos el informe de la investigación preliminar y el expediente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, confirmó el secretario de Justicia en declaraciones escritas.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia reveló que Torres Torres, mientras fue presidente de la Legislatura Municipal de Caguas, utilizó la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales, ya que encomendó a funcionarios municipales a transportarle en vehículo oficial a diferentes foros en los cuales ofrecía conferencias, en su capacidad personal y por las cuales recibía remuneración económica de entidades privadas. Asimismo, lo trasladaban en vehículo oficial, ida y vuelta, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para viajes personales, no relacionados con sus funciones oficiales.

Entre las actuaciones indebidas del funcionario también se incluyen la impresión de las asignaciones escolares de sus hijas y el traslado de estas tareas a su residencia en días y horas laborables. Además, durante la pandemia de covid-19, este solicitó los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.

Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular, se indicó.

Alcalde de Caguas pide su renuncia

Tras conocerse la noticia, el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, le solicitó la renuncia a Torres Torres de inmediato.

»El señor Torres Torres tiene el derecho que nos cobija a todos y a todas a la presunción de inocencia. Sin embargo, le solicito su renuncia como legislador y confío que la Legislatura Municipal lo retire inmediatamente de sus funciones. Además, los exhorto a que sus esfuerzos diarios estén matizados por el compromiso que le deben a la gente», expresó el alcalde en declaraciones escritas.

El primer ejecutivo municipal sostuvo que recibió la noticia »con frustración» y destacó que fue él quien en febrero pasado realizó un referido de investigación a la Oficina de Ética Gubernamental.

»Existe una separación de poderes que siempre he respetado y por ello en cumplimiento con el Código Municipal nuestras acciones y políticas públicas han sido ejecutadas desde esa deferencia a los poderes que representan cada rama. Todo funcionario electo tiene la responsabilidad de actuar con cero tolerancias a la corrupción y a cualquier conducta que pueda lacerar la confianza de la ciudadanía en su gobierno», sostuvo el alcalde cagüeño, quien agregó que su municipio continuará colaborando los las autoridades »como lo hemos hecho hasta ahora».

»Mi equipo de trabajo está apercibido de que no toleramos la corrupción y nos mantenemos en educación permanente. Como funcionarios electos tenemos que comprometernos en servir de forma íntegra y velando siempre por el bienestar de nuestro País. El pueblo no aguanta más abusos a su confianza”, concluyó.