Un juez federal determinó que expresiones recientes del productor en televisión y redes sociales eran una segunda violación a la ley de mordaza que aplica a su caso.

El productor de radio y televisión, Sixto Jorge Díaz Colón, deberá permanecer bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico hasta la fecha de su juicio en diciembre después de que el juez federal Francisco Besosa lo encontrara en desacato hoy porque expresiones recientes suyas en televisión y redes sociales son una violación a la orden de mordaza que gobierna el caso.

De esta manera, Besosa aplicó un castigo menor al que había solicitado la fiscalía federal, la cual expuso que, por tratarse de una segunda violación a la orden de mordaza, el productor debería ser castigado con sanciones económicas o hasta la revocación de su fianza y su encierro inmediato.

De hecho, el juez había ordenado que para la vista de hoy el abogado de defensa, Rafael Castro Lang, se presentara con su cliente, lo que sucedió. Pero en medio de la discusión sobre si las expresiones de Díaz Colón eran una forma legítima de proclamar su inocencia o eran una violación a la orden, el juez le planteó al abogado, «¿usted cree que yo lo voy a meter preso?».

Es la segunda vez que Díaz Colón hace expresiones públicas que el tribunal entiende son violatorias a la orden de mordaza en el caso. En marzo del año pasado, el juez Gustavo Gelpí, quien tenía asignado el caso antes de su ascenso al Primer Circuito de Apelaciones, encontró que hubo violación pero lo resolvió con una advertencia al acusado.

En esta segunda violación, además del arresto domiciliario y el grillete electrónico para monitorear sus movimientos, el juez Besosa impuso a Díaz Colón una prohibición de usar cuentas en redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, a menos que sea por autorización de la corte. «Se va a conseguir un ‘flip phone’ (un teléfono no inteligente)», dijo Besosa.

«Encuentro la penalidad excesiva», consignó para el récord Castro Lang, quien había asegurado al juez que «advirtió severamente» a su cliente de que se arriesgaba a ser apresado si seguía haciendo expresiones públicas sobre el caso. El abogado intentó convencer al juez de que lo que el productor dijo en Jugando Pelota Dura y en sus redes sociales no estaba cubierto por la orden porque fue sobre los hechos del caso y sobre una moción que fiscalía había radicado públicamente y una opinión que el juez emitió también públicamente en la que divulgó un extracto de una de las grabaciones con las que fiscalía probaría los cargos de intento de extorsión, extorsión interestatal mediante amenaza y obstrucción a la justicia.

Pero la fiscal Myriam Fernández sostuvo que las expresiones no se limitaron a la acusación y que «fueron mucho, mucho, mucho más allá», particularmente al divulgar un contrato que Díaz Colón hizo con el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en febrero de 2020 para desarrollar un documental sobre los eventos del Verano del 19 desde la perspectiva del renunciante exmandatario. Este elemento es parte de la prueba del caso que no se conocía hasta que Díaz Colón la mencionó en televisión.

El juez ofreció una oportunidad para que el productor, quien estaba acompañado de su esposa e hijos, se dirigiera al tribunal y este indicó que sus expresiones respondieron a que se siente «malacusado». Díaz Colón se volteó para mirar a la fiscal para reclamarle que lo acusaron con «mentiras y maldad». «¿Encima me quieren meter preso? ¿Encima me quieren meter preso?», planteó antes de que el juez le ordenara voltearse para dirigir sus palabras al tribunal y no a la fiscal.

«No es justo que usted entienda que violé la ley de mordaza cuando aquí lo que hay es un ser humano que quiere gritarle al mundo que es inocente, mientras la maldad sigue detrás de mí», añadió.

Antes de emitir su decisión, el juez leyó para récord la transcripción de uno de los mensajes de Facebook en los que el productor dice que la fiscalía está filtrando mentiras en su contra y que se va a defender así como que cuestiona por qué lo procesan a él y no procesan delitos violentos o de corrupción en los seguros de propiedad de los municipios donde supuestamente están involucrados elementos del sistema federal. «Saludos al más revocado de la historia, yo esperaba más de usted», dice una parte en referencia al juez.

Díaz Colón está acusado de haber pedido $300,000 y la reanudación de los contratos gubernamentales de dos empresas a cambio de conseguir que no se filtraran más páginas del chat de Telegram que desembocó en la renuncia de Rosselló Nevares. Las grabaciones encubiertas las hizo el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Omy Maceira Zayas, y en una moción radicada la semana pasada, Castro Lang sostuvo que Rosselló Nevares había contratado al productor en plena crisis de la divulgación del chat para que lo ayudara a hacer «control de daño» a su imagen y que la conversación con Maceira Zayas fue una continuidad de ese arreglo.

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