El Director de AAFAF aseguró que no van a unirse a la Junta en su comunicación a la jueza de que la Ley 80 debe quedar anulada y defendió que tienen hasta el 11 de junio para presentar alternativas a la jueza.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, dijo que, contrario a la representación que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en una carta, el Gobierno de Puerto Rico no va a comparecer ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para dar por terminada la discusión sobre la implantación de la Ley 80 de retiro incentivado.

La reacción de Marrero siguió la línea de la que ofreció el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia después de que NotiCel publicara la carta de la Junta del viernes pasado en la que imputan que su decisión de dar por terminada la discusión sobre la Ley 80 se debía, en parte, a dejadez del Gobierno de Puerto Rico.

«Para mí fue una barbaridad la carta que ellos enviaron… refleja el vacío de liderato (en el ente fiscal)», lanzó Marrero en referencia a que la vacante que dejó la exdirectora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, no ha sido llenada todavía.

La Ley 80, que esencialmente busca devolver a los empleados cobijados por las leyes de retiro 447 de 1951 y 1 de 1990 a las condiciones que tenían antes de la reforma de los sistemas de retiro de 2013, ha estado bajo fuego de la JSF desde que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced la autorizó a fines de 2020. En el neto, el gobierno busca que esos empleados puedan retirarse con al menos un 50% de su salario. Es un compromiso programático del Gobernador y sería equiparar las condiciones de retiro de esos empleados a las logradas para otras categorías de empleados públicos, dijo Marrero.

En su carta del viernes, la Junta levanta objeciones sobre la calidad y pertinencia de la data que proveía el gobierno para poder evaluar el impacto de la medida bajo el Plan Fiscal, pero el ente también tiene una oposición filosófica a permitir cualquier legislación de retiro que se parezca a lo que había antes, y que provocó una deuda de $55,000 millones que fue la parte más grande de la deuda en la quiebra del gobierno. La oposición llegó al punto de que la jueza Swain aprobó en el Plan de Ajuste de la Deuda una disposición que prohíbe la creación o modificación de sistemas de retiro por los próximos 10 años.

Marrero sabe que la parte filosófica de la confrontación con la Junta seguirá, pero aseguró que, por disposición del tribunal, tienen hasta el 11 de junio para proveer alternativas a la corte para poder acomodar los propósitos de la Ley 80 dentro del Plan Fiscal.

La Junta concluyó que el proceso era «fútil» porque el gobierno quiere diseñar alternativas sin datos precisos sobre los costos del retiro incentivado ni sobre el efecto económico que puede tener en las agencias el que se retire un personal clave que tiene que ser sustituido. Pero Marrero ripostó que hasta el Plan Fiscal está basado en proyecciones económicas y que la Ley 80 cuenta con un estudio actuarial sobre su impacto, así como que habían presentado a la Junta cálculos basados en una muestra.

Marrero añadió que la oposición de la Junta a la Ley 80 «tuvo un efecto congelador en el interés de los empleados» para expresar si les interesaba el retiro incentivado, de manera que hubiera más data certera sobre el impacto, y que «no hay manera de diseñar algo en que la gente solicite y entonces se haga el proyecto de ley». Acusó también que fue el mismo viernes pasado que la Junta le presentó el requisito de demostrar cómo seguirán operando las agencias que pierdan empleados al retiro incentivado, algo que argumentó no es necesario precisar como lo requiere el ente fiscal porque «eso pasa todos los días, todos los días la gente se va de las agencias».

«A lo largo del proceso de trabajar con la Junta para cumplir con los términos de la estipulación, el gobierno ha provisto a la Junta con la mejor información y análisis disponible dentro del tiempo permitido en la estipulación. Contrario a la afirmación de la Junta de que ‘este esfuerzo ha sido fútil’, creemos que nuestro intercambio de información ha sido tanto oportuno como directo», dijo Marrero en una carta de respuesta que enviaron ayer.

La carta de la Junta fue una «falta de respeto profesional» subrayó Marrero quien, a la pregunta de si los problemas de comunicación se resolverían si se llena la posición de dirección ejecutiva en el ente fiscal, afirmó que «totalmente y eso pasa en cualquier organización».

«En el último mes, puedes ver un tono distinto (en las comunicaciones) y parecería que no hay un buen filtro a esas cartas que le preparan los consultores», comentó.

Vea:

Junta entierra la Ley 80 sobre retiro por “dejadez” del gobierno

Para ver la carta de respuesta del gobierno, pulse aquí.