Apelaciones paralizó a solicitud de fiscalía, y con la anuencia de la defensa, para resolver qué tipo de veredicto va a aplicar en nuevo juicio.

El asesinato de Carmen Paredes Cintrón en su residencia de Guaynabo cumplirá 10 años el próximo 14 de julio y al día de hoy no hay garantía de que para esa fecha se tenga una adjudicación final y firme sobre si el asesino fue su esposo, Pablo Casellas Toro, como ya lo determinó un jurado antes de que ese veredicto fuera revocado.

En su primer juicio, un jurado votó 11-1 para encontrar culpable a Casellas Toro por asesinato en primer grado; violación a la Ley de Armas; destrucción de prueba, y presentación de escritos falsos con relación a la muerte a tiros de su esposa. Luego, el Tribunal de Apelaciones revocó el veredicto y la consecutiva sentencia de 109 años. La base fue el reconocimiento de que cuando el Tribunal Supremo federal estableció que los veredictos de culpabilidad en casos criminales graves tienen que ser por unanimidad, se anuló la parte de la Constitución del Estado Libre Asociado que proveía el derecho a un veredicto por mayoría, que puede ser 9-3, 10-2 o, como en el caso de Casellas Toro, 11-1.

El Supremo de Puerto Rico avaló la revocación del veredicto y abrió paso a un nuevo juicio pero ahora el nuevo juicio está paralizado por una nueva controversia sobre el veredicto. En esta ocasión, sobre si el veredicto para absolver también tiene que ser unánime, como dispuso el Tribunal Supremo local en un caso de septiembre pasado, Pueblo v. Centeno.

En una vista hoy en el Tribunal de Bayamón ante la jueza Nerisvel C. Durán Guzmán, se confirmó que esta había favorecido la solicitud de Casellas Toro sobre que la unanimidad en el veredicto aplicaría para condenar, pero no para absolver. Además, se conoció que el Tribunal de Apelaciones concedió el 26 de enero pasado una solicitud del Ministerio Público para paralizar el juicio nuevo en lo que se resuelve esto, solicitud a la que se unió la defensa de Casellas Toro.

Tras la vista, la fiscal Janet Parra concedió que esto significa que el caso estaría paralizado por «meses» porque cualquiera sea la decisión en Apelaciones con toda probabilidad sería sometida para revisión al Supremo. «Si le aplica la norma (de unanimidad), le aplica la norma tal y como estableció Pueblo v. Centeno, y no que el acusado escoja cómo le aplica», dijo Parra para resumir el argumento del estado.

Por su parte, la defensa de Casellas Toro, el licenciado Harry Padilla, explicó que su argumento, el que la jueza Durán Guzmán acogió, es que el dictamen en Pueblo v. Centeno tenía que aplicar de forma prospectiva, y no retroactiva para abarcar juicios, o nuevos juicios, iniciados antes de esa decisión.

«Si se escoge un jurado justo e imparcial, nosotros debemos prevalecer», añadió Padilla al restar peso a los efectos que puede tener sobre su cliente el paso del tiempo y el hecho de que ya se discutió públicamente la prueba que desfiló en el primer juicio condenatorio. «Está un poquito delicado de salud, pero podemos prepararnos para el caso», dijo sobre su cliente quien, precisó, tiene dolencias en sus piernas.

Parra también se mostró confiada en poder atender un nuevo juicio al recordar que, si alguno de los testigos no estuviera disponible, la regla es que puede entrar como evidencia la grabación de su testimonio en el juicio previo.

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