Aseguraron el gobernador Pedro Pierluisi y el director de COR3 Manuel Laboy en la Convención de la Asociación de Contratistas Generales

El próximo año 2022 será finalmente el que traerá a Puerto Rico la actividad masiva y multimillonaria en construcción que se está esperando desde que iniciaron los procesos de reconstrucción tras los huracanes Irma y María en el 2017, coincidieron el gobernador Pedro Pierluisi y el director ejecutivo de la Oficina Central De Recuperación, Reconstrucción Y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy.

Ambos comparecieron ayer ante la 47ma Convención de la Asociación de Contratistas Generales, ante la cual Laboy proclamó entre aplausos que es tiempo ya de “mover los miles de millones que están en el papel a la realidad”.

“Lo que queremos lograr y lo que esperamos es que muchos de esos proyectos entren a construcción en el 2022 y estarían impactando toda la Isla”, dijo Laboy refiriéndose a proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Educación, que entre las tres agencias tienen asignados $15,200 millones, de los $28,600 millones que otorgó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a Puerto Rico.

Precisó que en el caso de la AEE, hay 65 proyectos de transmisión y distribución que están ahora en ingeniería y arquitectura y en aprobaciones finales de FEMA. Si todo sale como están esperando, casi $3,000 millones en proyectos deben ir a subasta de construcción a partir del año que viene.

La misma situación presentó para la AAA, donde sobre 30 proyectos, entre $500 y $1,000 millones deben estar entrando también a subasta de construcción; y en el caso de Educación se espera que al menos 175 escuelas vayan a una estrategia de reparación con una inversión de entre $200 a $300 millones también en el 2022.

Por su parte el gobernador señaló que del dinero que aprobó FEMA para Puerto Rico unos $24,000 millones ya están obligados, que quiere decir que están destinados a un proyecto en específico que está en proceso de diseño, ingeniería, aprobaciones o subasta.

Precisó que cerca de $5,200 millones están destinados a trabajos de emergencia y los restantes $18,800 millones son proyectos de obra permanente.

De los fondos CDBG-DR, agregó, hay $10,000 millones asignados y ya se han obligado $3,300 millones para obras, de los cuales hay $2,300 millones están pendientes de aprobación.

Según el detalle que ofreció Laboy, hay 114 proyectos financiados con fondos de FEMA ya asignados en los que la inversión sobrepasa los $5 millones, y otros 743 cuya inversión está entre $1 millón y $4.9 millones. Entre el rango de $123,000 y $999,000, agregó, hay en proceso un total de 1,977 proyectos adicionales.

Las agencias que tienen la mayoría de estos proyectos por sobre los $5 millones son, entre otras, la Universidad de Puerto Rico, con 27 proyectos y $266 millones; el Departamento de Transportación y Obras Públicas, con nueve proyectos y $80 millones, el Departamento de Salud, con dos proyectos y $90 millones y la Autoridad de Edificios Públicos, con siete proyectos y $73 millones.

Cuestionan obligación de negociar con sindicatos

Durante el evento de ayer el presidente de los contratistas, Umberto Donato, cuestionó al gobernador sobre su posición ante la postura de Luma Energy de que en las labores de renovación de la red eléctrica de Puerto Rico solo utilizará personal que pertenezca o esté representado por la International Brotherhood of Electrical Workers Local 222 (IBEW-222),

Este sindicato anunció en julio pasado que se fusionó con la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (Uitice), que es la que representa hoy a los empleados que trabajan para Luma Energy.

Donato le planteó al gobernador que de aplicarse esa política se encarecerían los costos de las obras y quedarían además fuera de participar en esos proyectos aquellas empresas locales que tienen “taller abierto” y que no acepten esa condición.

El primer ejecutivo recordó que según el contrato firmado con Luma, dicha empresa es la responsable de supervisar las labores de restauración de la red. Informó además que trajo el tema a la atención del presidente de la corporación en Puerto Rico, Wayne Stensby y le sugirió la posibilidad de hacer excepciones en algunos proyectos.

Pierluisi indicó que aún no tiene respuesta de Stensby, pero se expresó confiado que se podrá llegar a un “punto medio” en esta controversia y opinó que a nadie le conviene, incluyendo a Luma, que estos proyectos se retrasen por esta disputa.

Le aclaró a los contratistas que su deseo es que se tenga el mejor talento en esas labores, que se le pague bien a esos trabajadores y se le reconozcan buenas condiciones de trabajo.