Representante Joel Franqui busca prohibir ese cargo

El COVID Fee sigue dando de qué hablar.

El representante del Partido Nuevo Progresista, Joel Franqui Atiles, anunció hoy que presentó un proyecto de ley para prohibir que los establecimientos comerciales impongan cargos o tarifas relacionadas al COVID-19, a los consumidores.

Sin embargo, los dentistas insisten en que necesitan seguir cobrando ese cargo adicional porque las aseguradoras no lo asumen.

Franqui Atiles indicó que ante denuncias de consumidores y pacientes sobre el cobro de este cargo, radicó el Proyecto de la Cámara 2537.

“Hemos advenido en conocimiento que ciertos comerciantes y oficinas, están imponiendo un cargo especial por el COVID-19 que ronda entre los $25 a $50. Ese cargo debe quedar prohibido toda vez que el consumidor no debe ser responsable de los costos operacionales del comerciante. Para mitigar esos costos, el gobierno federal, junto al estatal, aprobó incentivos que mitigan el impacto económico a este sector”, dijo el representante.

“Es impermisible que ese costo se pase a los consumidores mediante un cargo o tarifa especial, cuando la gente tiene que comprar productos de higiene y protección para ellos y su familia, y no reciben ninguna ayuda económica para eso. Además, en momentos en que mucha gente ha quedado sin empleo y no saben hasta cuándo volverán a generar ingresos”, mencionó el legislador.

En el caso de las oficinas médicas, Franqui Atiles dijo los pacientes tienen que pagar deducibles, por medicamentos o tratamientos médicos, y ahora un cargo exorbitante atribuido al coronavirus.

“El mismo riesgo lo corremos todos. El coronavirus es una amenaza a la vida humana, todos estamos expuestos de alguna manera, pero es injusto que se le imponga a la gente un cargo adicional por los gastos operacionales del comercio, y menos en estos momentos”, añadió.

Pero el presidente de la Asociación de Dentistas, David Kerr, insistió en que la inversión que han tenido que hacer en sus oficinas en respuesta a las exigencias del gobierno y de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA, por sus siglas en inglés) ha sido grande.

“Hemos tenido que levantar la vara en cuanto al control de infecciones. Tenemos que comprar equipo diferente a lo que usábamos. Y el costo de otros equipos es mucho más caro. Todo es un costo que estamos asumiendo los dentistas. Y me pregunto por qué las aseguradoras no están pagando eso, no lo quieren cubrir. El plan Vital sí lo está cubriendo. Pero otras compañías comerciales no lo quieren cubrir”, dijo Kerr en entrevista radial (WKAQ).

“Las aseguradoras no están facturando a dentistas por el cierre, pero siguen cobrando la prima a los pacientes por lo que están teniendo ganancias. Ellos tienen el dinero para pagar eso y no quieren hacerlo”, agregó el doctor.

Ayer, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dijo que el cargo es legal pero tiene que avisarse al paciente con anticipación para que el paciente decida si aceptar el procedimiento.

Si ese médico cobra el cargo al final sin la debida divulgación podría incurrir en una práctica de anuncio engañoso y exponerse a una multa de DACO.

En la entrevista radial se le preguntó a Kerr hasta cuándo estaría vigente el cargo y respondió que “de la forma en que estamos trabajando ahora, cuando llegue la vacuna podremos ir relajando el cobro de esa cuota”.