Un grupo de 102 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica solicitó el jueves a la gobernadora Jenniffer González Colón que vetara el proyecto.

La gobernadora Jenniffer González Colón dedicó dos líneas en un comunicado de prensa para anunciar que firmó el proyecto de ley que crea la llamada Reforma Judicial, una medida del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La controversia en torno a la medida gira principalmente en torno a la separación de poderes, la constitucionalidad de la medida y el control de la administración del sistema de tribunales. La medida establece una nueva Ley del Poder Judicial y deroga la ley de judicatura vigente desde el 2003.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, así como diversos sectores jurídicos (incluyendo profesores de Derecho y exjuezas del Supremo), sostienen que la medida debilita la dirección de la Rama Judicial. El proyecto traslada al pleno del Tribunal Supremo la facultad de designar a los jueces administradores regionales, una función que la Constitución de Puerto Rico delega directamente en la figura de la jueza presidenta. Los opositores argumentan que fragmenta la administración y diluye la rendición de cuentas.

La jueza presidenta y organizaciones argumentan que alterar la gobernanza judicial a través de legislación regular viola la Constitución. Argumentan que cualquier cambio en dicha estructura requiere una enmienda constitucional ratificada por el voto del pueblo.

Oronoz Rodríguez lamentó la decisión de la gobernadora.

“Lamento profundamente la decisión de la Gobernadora de firmar el Proyecto del Senado 1096. Durante el trámite legislativo y ante la propia Gobernadora, expusimos las serias preocupaciones constitucionales y operacionales que suscita esta medida. Pese a ello, el proyecto se convierte en ley sin que se hayan atendido los cuestionamientos fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de nuestros tribunales», indicó en declaraciones escritas.

«La nueva legislación redistribuye la autoridad para tomar decisiones esenciales en la administración judicial, sin alterar la responsabilidad que nuestra Constitución le asigna a la Presidencia del Tribunal Supremo. Este desajuste entre la facultad de tomar decisiones y la obligación de responder por sus consecuencias plantea serias interrogantes sobre la dirección administrativa y la capacidad de respuesta del sistema judicial. No estamos ante un asunto meramente organizacional. Administrar los tribunales requiere tomar decisiones oportunas sobre recursos, personal y servicios en las distintas regiones judiciales. Nos preocupa que los cambios aprobados introduzcan incertidumbre en estos procesos y afecten la capacidad institucional de atender las necesidades de las personas que acuden a nuestros tribunales», agregó.

Thomas Rivera Schatz defiende que el modelo propuesto es más democrático porque distribuye las decisiones en el grupo de jueces (el pleno) en lugar de concentrarlas en una sola persona. Además, acusó públicamente a la jueza presidenta de hacer planteamientos políticos y demagogia.

La ley elimina gradualmente la categoría de jueces municipales, transformando esas plazas en jueces superiores. Mientras el liderato legislativo lo cataloga como una modernización del sistema, críticos de minoría como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresaron que la reforma carece de un enfoque real en los méritos y que abre las puertas a una mayor influencia político-partidista sobre la judicatura.

Un grupo de 102 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica solicitó el jueves a la gobernadora que vetara el Proyecto del Senado 1096, al considerar que sus disposiciones podrían violar la Constitución y afectar la independencia y administración del Poder Judicial.

“El Proyecto del Senado 1096, aprobado por la Asamblea Legislativa, propone cambios sustanciales a la estructura de gobierno y a la administración del Poder Judicial. La medida plantea serias objeciones constitucionales y riesgos operacionales que podrían afectar la independencia judicial, la protección de los derechos y el acceso a la justicia”, expresaron los académicos en una declaración conjunta.

Los firmantes indicaron que la legislación alteraría la distribución de facultades establecida en el artículo V, sección 7, de la Constitución de Puerto Rico, que atribuye al Tribunal Supremo la aprobación de reglas para la administración de los tribunales y a su presidencia la dirección de esa administración.

Según la declaración, el proyecto transferiría al pleno del Tribunal Supremo decisiones relacionadas con el nombramiento de personal directivo, la organización de oficinas adscritas a la Oficina de Administración de los Tribunales y las funciones de su director administrativo.

Los profesores argumentan que esa redistribución limitaría las facultades de la presidencia del Tribunal Supremo y modificaría el modelo de administración judicial establecido constitucionalmente, por lo que requeriría una enmienda a la Constitución.

Para sustentar su posición, citaron decisiones judiciales como Pueblo v. Tribunal Superior, de 1958, y Torres Montalvo v. Gobernador ELA, de 2016, relacionadas con las facultades administrativas de la presidencia del Tribunal Supremo y la distribución de responsabilidades entre sus integrantes.

La declaración también advierte que establecer nuevos niveles de decisiones colegiadas podría ocasionar demoras, duplicidad de funciones y dificultades de coordinación en asuntos de personal, recursos y continuidad de servicios durante emergencias.

A juicio de los académicos, estas modificaciones podrían restar tiempo a los jueces del Tribunal Supremo para atender sus funciones adjudicativas.

Otro señalamiento se relaciona con el impacto fiscal de convertir prospectivamente plazas de jueces municipales en plazas de jueces superiores, una medida que, según los profesores, requiere evaluar no solo las diferencias salariales, sino también los costos de personal de apoyo, tecnología, instalaciones y equipamiento.

Los firmantes consideran que los estimados fiscales examinados durante el trámite legislativo no contemplan suficientemente esos gastos ni identifican de manera integral las fuentes de financiamiento.