Dijo que, igual que en el caso de la exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud, Adil Rosa, la evidencia no es cónsona con lo que alega Burgos.

Esta semana, se continúan evaluando documentos requeridos al Departamento de Salud y otras agencias para determinar los próximos pasos en la pesquisa sobre los procesos de compra durante la emergencia de coronavirus en Puerto Rico, y entre los posibles citados no descartan a funcionarios públicos de Fortaleza si encuentran que estos pudieron haber comandado órdenes sin tener la capacidad para ello.

Así lo confirmó el legislador Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, en entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320.

«Tenemos una lista de posibles personas que estarían compareciendo ante la Comisión de Salud», aceptando que han tenido que hacer nuevos requerimientos durante el proceso.

Asimismo, el legislador indicó que, al igual que la exsecretaria auxiliar del Departamento de Salud (DS), Adil Rosa Rivera, el general José Burgos, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), puede estar mintiendo en sus declaraciones ante la Cámara.

«En las primeras vistas, escuchamos al general Burgos haciendo unas declaraciones bajo juramento, sin embargo los documentos que tenemos demuestran todo lo contrario a lo que él había dicho», señaló el legislador.

Durante las próximas semanas, destacó que estarían trabajando en un informe parcial para anunciar posibles referidos y consecuencias.

Morales, además, no descartó señalar más responsables de Fortaleza según vayan avanzando las pesquisas, aunque aceptó que no han indagado directamente para conocer si hubo algún ejecutivo dando órdenes de compra.

«No hemos tenido esa conversación», dijo.

Aparte del informe parcial, consultan radicar legislación dirigida a procesos de compra para que ninguna «deba o tenga que ser cuestionada».

«Tenemos que asegurarnos que las personas que trabajan estos procesos de compra sean personas capacitadas y que tengan experiencia», sostuvo, añadiendo que hay que asegurar que «si hay irregularidades en el proceso de compras, haya consecuencias» para los funcionarios involucrados.