La vista general será través del sistema de teleconferencia.

La jueza federal Laura Taylor Swain anticipó este lunes que retomará la agenda de trabajo relacionada a la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, guardando las medidas de salud y de seguridad impuestas debido a la pandemia del coronavirus.

Por ello, la togada, que preside el proceso de reestructuración de la deuda pública al amparo del Título III de la Ley Promesa, celebrará una vista general (ómnibus) el próximo 22 de abril.

No se trata de una audiencia en el juzgado federal en Hato Rey sino de una teleconferencia, gobernada por las mismas reglas estrictas que imperan en sala. La jueza reservó cinco líneas para la Junta de Control Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf). Los abogados y abogadas que quieran un turno para postular virtualmente ante la jueza Swain deben registrarse para reservar las líneas de teléfono que, según la orden emitida hoy, son limitadas. Pero aclara que no habrá limitaciones para que los abogados que forman del caso puedan escuchar los procedimientos.

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Como parte de la orden, la jueza federal pidió a la JCF y a la Aafaf que radiquen sus respectivos informes de status el 21 de abril.

En su informe, la JCF debe atender el tema de sus gestiones así como su relación con el gobierno estatal y federal, el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco, por sus siglas en inglés) a través del Título VI de Promesa, entre otros asuntos.

Aafaf, por su parte, deberá ofrecer un informe general sobre sus gestiones así como un reporte de la «respuesta del gobierno» a la emergencia de salud pública creada por pandemia de COVID-19.

La orden, de 5 páginas, también establece que los periodistas y el público en general solo podrán escuchar la vista, que podría extenderse al siguiente día de ser necesario.

Swain advierte que el proceso adoptará la tecnología de la teleconferencia a manera de excepción porque la política de la Conferencia Judicial no permite la transmisión de procesos judiciales federales. También enfatiza que debido a esta prohibición las personas autorizadas a escuchar o ver el procedimiento no podrán grabarlos, ni retransmitirlos.