Advierte sobre costo de $56.8 millones y exige identificar fondos para compensar la pérdida de ingresos y reclama que se aprueben salvaguardas fiscales pendientes antes de implantar la medida.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón de suspender temporalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, bebidas carbonatadas y dulces durante noviembre y diciembre, al advertir que la medida tendría un impacto estimado de $56.8 millones sin que el Gobierno haya identificado cómo compensará la pérdida de ingresos.

En una carta dirigida el miércoles a la gobernadora, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y con copia a la secretaria de Estado, Norma Burgos, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., sostuvo que la preocupación principal no es únicamente el costo de la propuesta, sino la forma en que se anuncian medidas contributivas sin completar previamente el análisis fiscal.

Mujica también cuestionó que la iniciativa no se discutiera en una reunión con la Junta celebrada el 21 de octubre, apenas dos días antes de su anuncio público.

“La propuesta no se planteó durante nuestra reunión del miércoles, 21 de octubre de 2026, celebrada apenas dos días antes de su anuncio. Es la segunda vez en el año calendario en curso que se anuncia una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, antes de determinar su costo o analizar su efecto en el presupuesto certificado y en el plan financiero a cinco años”, dijo Mujica

“El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, agregó en la misiva.

La propuesta, anunciada por González Colón el 23 de octubre, busca ofrecer un alivio temporero ante los elevados costos de la electricidad que enfrentan los comercios y consumidores.

Sin embargo, la Junta indicó que la medida no debe entrar en vigor antes de que concluya su revisión y de que el Ejecutivo identifique una fuente de fondos no recurrentes para cubrir la reducción en recaudos.

“Al mismo tiempo, se siguen proponiendo nuevos gastos recurrentes sin identificar fuentes recurrentes para sufragarlos. Se presentó legislación para aumentar los beneficios de pensión, cuyo impacto fiscal se estima en más de 230 millones de dólares anuales, sin identificar una fuente de financiamiento recurrente. Esto ocurrió a menos de dos meses de certificarse el presupuesto para el año fiscal 2027. La Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico tiene ante su consideración múltiples convenios colectivos que incluyen aumentos salariales negociados, cuyo costo estimado supera los 100 millones de dólares, sin que se hayan identificado las fuentes de financiamiento correspondientes. El Departamento de Educación de Puerto Rico informa que no cuenta con suficientes fondos para cumplir con sus obligaciones actuales, mientras continúa identificando obligaciones de años fiscales anteriores que nunca se registraron y para las que no se habían asignado fondos”, agregó en su carta en la que también incluyó la situación del MediCaid.

“En este contexto, una suspensión de dos meses del IVU sobre alimentos preparados atiende un síntoma, pero no la causa: la ausencia de generación más económica. Los precios de la electricidad disminuirán cuando disminuya el precio del combustible o cuando Puerto Rico añada nueva capacidad de generación más económica. Una suspensión temporal del IVU no cambia el precio de la electricidad, un precio que los restaurantes seguirán enfrentando cuando venza la suspensión el 31 de diciembre de 2026. El alivio temporal no sustituye una reforma contributiva, así como tampoco la sustituye hacer uno que otro ajuste de tarifa. Esa reforma sigue sin existir. Suspender una u otra disposición contributiva durante algunos meses, fuera de un proceso presupuestario disciplinado, es el tipo de medida ad hoc a la que la Junta de Supervisión se ha opuesto consistentemente”, expresó.

“La suspensión no debe entrar en efecto hasta que se complete dicha revisión. La práctica de anunciar primero medidas de alivio y gastos, para luego identificar su financiamiento, sin contar con un plan financiero a cinco años balanceado, fue la práctica que condujo a Puerto Rico hacia la quiebra, y no hacia la prosperidad.  Por consiguiente, la Junta solicita a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa que colaboren con ella para: (i) promulgar como ley los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392 durante la presente sesión legislativa; (ii) suplementar la Determinación Administrativa propuesta, identificando las fuentes específicas de financiamiento no recurrentes que compensen la totalidad de su costo e incluyendo un análisis de su efecto sobre el presupuesto certificado; y (iii) comenzar una discusión seria sobre una reforma contributiva integral y la elaboración de un plan financiero a cinco años que contemple las presiones descritas anteriormente, de modo que el alivio concedido pueda perdurar”, concluyó Mujica.