Detalles de las tres empresas que inspeccionarán.

Pese a que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) mantiene conversaciones con el gobierno para hacer disponibles recursos del gremio para inspeccionar las escuelas del Departamento de Educación (DE), esa agencia procedió con la contratación de tres empresas locales para un esfuerzo que tendrá que repetirse tras cada temblor y que supone un gasto de más de un millón de dólares.

El pasado jueves el DE anunció la contratación de tres empresas para efectuar las inspecciones a los planteles escolares. Las empresas que fueron contratadas por la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) fueron:

ROV Engineering Services: $431,000 por servicios de ingeniería hasta el 30 de junio del 2020 E.A.S & Associates: $82,000 por servicios de ingeniería hasta el 30 de junio del 2020

Una tercera empresa, Benítez, Ramos y Asociados (BRA), tambien fue contratada, según el DE, sin embargo, no aparece en el registro de contratos del Contralor de Puerto Rico como contratado por la OMEP. No obstante, BRA sí mantiene un contrato ante la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) desde noviembre del 2019 hasta enero 31 del 2020 por $325,000 para servicios de inspección para el programa de sellados de techos temporeros.

Ese contrato fue enmendado el mismo día que otorgaron los contratos a ROV y a E.A.S (8 de enero) para extenderlo hasta el 30 de junio del 2020 y aumentar la cuantía por $168,000. Una segunda enmienda efectuada dos días despues aumentó la cuantía nuevamente por $67,200, para un tope total de $560,200.

Así las cosas, el gobierno se ha comprometido a desembolsar unos $1,073,200 hasta la fecha para inspeccionar las escuelas despues del terremoto del pasado 7 de enero y aún en medio de las replicas experimentadas a diario y que siguen debilitando estas estructuras.

Las tres empresas han adquirido múltiples contratos en el actual cuatrienio con varias agencias y municipios. ROV Engineering Services ha acumulado un total de $2,712,806 en contratos de ingeniería y arquitectura para los municipios de Juana Diaz y Aguas Buenas y tambien al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

ROV es presidida por Víctor Rodríguez Ortiz. Del registro de donativos de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), se desprende que Rodríguez Ortiz donó $2,000 a la campaña de Ricardo Rosselló Nevares entre el 2015 y el 2016, $250 a la campaña de Thomas Rivera Schatz en el 2015 y otros $200 al alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

EAS, por su parte, ha obtenido 54 contratos y enmiendas desde el 2017, con un tope total de $1,201,421.63. Sus servicios de ingeniería y arquitectura por contrato han sido contratados por los municipios de Río Grande, Luquillo, Naranjito, Comerío, Aguada, Toa Alta y Canóvanas y tambien ha sido contratado por la Superintendencia del Capitolio, la AFI, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Carreteras (ACT).

Las siglas de la empresa corresponden a su presidente, Eduardo Álvarez Sosa. Su único donativo, según el registro de la OCE, fue un giro de $552 al senador Rivera Schatz en junio del 2018.

Finalmente, BRA ha obtenido 13 contratos y enmiendas desde el comienzo de este cuatrienio y que ascienden a un tope de $850,734.20. Aunque no hay municipios que hayan contratado sus servicios, sí tuvo contratos con la AFI, la AAA y la Oficina Estatal de Política Pública Energetica (OPPE) para servicios de inspección, ingeniería y diseño.

BRA es presidida por Norberto Benítez Torres, quien contribuyó $2,000 a la campaña del alcalde de Guaynabo, Ángel Perez, en el 2018 y otros $500 al Partido Nuevo Progresista durante el 2016.

Los tres directivos aparecen como colegiados activos del CIAPR, según el directorio de colegiados en el portal de ese gremio.

Así las cosas, las tres empresas contratadas por la OMEP, además de tener dirigentes que son donantes del partido de la administración de turno, tambien han sido contratados en varias ocasiones en el presente cuatrienio y han acumulado vastas cuantías en fondos públicos. Para ser preciso, incluyendo los contratos actuales para inspeccionar las escuelas afectadas por los terremotos, entre ROV, EAS y BRA el gobierno ha obligado $4,764,961.83 por los últimos tres años.

Entretanto, este medio supo que continúan las conversaciones entre el gobierno y el CIAPR para usar los recursos del gremio para apoyar con las inspecciones. No obstante, aún no se ha producido un acuerdo que especifique a que escuelas se asignarán los peritos del CIAPR.

Esta semana, el DE se apresta a inspeccionar las 856 escuelas del sistema público de enseñanza, tarea que, según un expresidente del CIAPR, debería concentrarse en identificar problemas de diseño que expongan a la estructura a riesgos mayores.

Esas inspecciones, no obstante, deben ser totalmente distintas a las que se hicieron despues del huracán María – cuando se hicieron evaluaciones rápidas para identificar riesgos inmediatos – por lo que cada una podría tardar entre tres y cuatro horas.

Según explicó a NotiCel el ingeniero Pablo Vázquez Ruiz, para esta encomienda se requieren de especialistas para realizar las inspecciones e identificar aquellos daños que tornen las estructuras inhabitables, particularmente si luce con grietas estructurales o si el estado de las columnas es adecuado. Vázquez Ruiz vislumbró que uno de los riesgos más comunes que podría resultar de estas inspecciones es en aquellas escuelas que tengan columnas cortas – tal como la colapsada escuela Agripina Seda en Guánica.

‘Si representan peligro porque se ven grietas estructurales que ponen en riesgo de colapso algunas de las instalaciones o las escuelas, pues eso habría que señalarlo y no se puede utilizar la escuela’, dijo el tambien expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

La semana pasada, la agilizada certificación de inspección escuelas causó consternación entre ciudadanos que reportaron que las evaluaciones no se estaban realizando de forma rigurosa. Sin embargo, ante los constantes movimientos telúricos que no han cesado desde finales del 2019, Vázquez Ruiz aseveró que cada escuela debe volver a inspeccionarse despues de cada sismo, lo que hace de la tarea que emprenderá el DE esta semana una aún más complicada e incierta.

‘Naturalmente, cada evento tiene que disparar otra inspección porque puede haber daños nuevos. Mi planteamiento es que no basta con certificar que las escuelas no han sufrido daños’, añadió Vázquez Ruiz.