Apelaciones sostiene se requería orden de registro

Un panel del Tribunal de Apelaciones decidió que el Departamento de Justicia actuó incorrectamente el pasado 17 de julio de 2019 cuando, siendo todavía secretaria de la dependencia la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, pretendió tener acceso a los teléfonos de Elías Fernando Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes mediante una citación de testigos, en vez de una orden de registro y allanamiento.

La decisión del tribunal intermedio tiene el efecto de que estos dos teléfonos móviles siguen fuera del alcance de los agentes que investigan el chat de Telegram cuya revelación en julio pasado provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación y la eventual ascensión de Vázquez Garced al cargo por via sucesoral constitucional.

En el chat de Telegram denominado ‘WRF’, participaron Rosselló Nevares, como gobernador, y un grupo de colaboradores de la estructura formal de gobierno, pero también participaban Sánchez Sifonte, cabildero y exdirector de campaña, y Miranda Reyes, publicista. Ninguno de los dos ocupaba cargo público en el periodo de su participación en el chat que recoge la transcripción divulgada del mismo. En el periodo divulgado, el grupo discute estrategia de gobierno y contratos, entre otros temas oficiales y hasta designados por ellos mismos como materias confidenciales de gobierno.

El 23 de julio pasado, NotiCel publicó en primicia la declaración jurada que una agente del Negociado de Investigaciones Especiales sometió al Tribunal de Primera Instancia para sustentar la orden de allanamiento y registro con la que se tuvo acceso al teléfono móvil del exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier en el contexto de la investigación del chat de Telegram que, según ese mismo documento, había comenzado el 15 de julio.

Sin embargo, Justicia no buscó una orden de allanamiento y registro cuando quiso ganar acceso a los teléfonos de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes el 17 de julio, sino meramente una citación bajo apercibimiento de desacato para que llegaran a la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos con sus teléfonos y los mostraran a los agentes. Cuando los sujetos se negaron, Justicia recurrió al tribunal, no con una orden de allanamiento y registro, sino para solicitar que se les encontrara incursos en desacato, lo cual ocurrió, produciendo la pugna legal que hoy produce una orden del Apelativo y que ha causado que, a cinco meses de iniciada la investigación, todavía los agentes no tengan acceso a esos dos teléfonos.

Al criticar que el Estado se fuera por una orden de desacato, en vez de una orden de allanamiento y registro, el panel apelativo enfatizó en la protección constitucional adicional que el Tribunal Supremo federal le ha dado a los teléfonos móviles, indicando que, para que los agentes del Estado los puedan registrar, necesitan una orden autorizada por tribunal.

‘Resulta contraintuitivo o como mínimo un extraño método de investigación policial, que el Ministerio Público quisiera investigar el contenido de un chat virtual contemplando meramente la carcasa física de un teléfono móvil, así tal cual, sin acceder a su contenido’, resaltaron los jueces al atacar el argumento de Justicia de que fue una orden de citación de testigos porque solo querían que se produjeran los teléfonos.

‘En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia se valió de la referida disposición de citación de testigos para obligar la apropiación de los teléfonos móviles de los peticionarios, en lugar de esperar una solicitud de orden de registro y allanamiento que pudiera considerar y adjudicar, erró’, añadieron los jueces en la sentencia de hoy y tras la cual resta ver si Justicia acudiría al Tribunal Supremo.

Vázquez Garced fue secretaria de Justicia hasta que asumió el cargo de gobernadora el 7 de agosto de 2019 a las 5:00 pm.

‘[E]sta decisión no es para proteger a nadie en particular, sino para hacer valer los derechos constitucionales de todos los puertorriqueños. Esa es la ventaja de tener un Sistema Judicial fuerte, que haga valer nuestra Constitución y no sucumba ante las presiones públicas o ante actuaciones indebidas del Gobierno’, comentó José A. Andreu Fuentes, abogado de Sánchez Sifonte.

El panel de jueces apelativos estuvo compuesto por el juez administrador Erik J. Ramírez Nazario, Carlos Candelaria Rosa y Miguel Cancio Bigas.

Vea: Primera declaración jurada que establece la posibilidad de delito en el #TelegramGate

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