Apelativo emite orden contra Procurador General.

El Tribunal de Apelaciones concedió una victoria procesal al cabildero Elías Sánchez Sifonte, y por extensión al publicista Edwin Miranda Reyes, en su posición de que no procede entregar sus teléfonos celulares a la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia para examen como parte de la investigación del chat de Telegram cuya divulgación provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En una resolución hoy, tras un escrito de Sánchez Sifonte sometido ayer, un panel de jueces determinó que no iba a conceder la solicitud del Procurador General para reconsiderar y le ordenó a esa oficina que comparezca con un escrito en el que entre de lleno en los méritos de los reclamos de los dos miembros del chat, que habían argumentado que entregar sus teléfonos era una violación a su intimidad y que podría resultar hasta autoincriminatorio.

Previamente, el Procurador General había optado por pedir al Apelativo que no permitiera los argumentos de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes por resultar prematuros. Es a eso que el panel de jueces, ya dos veces, le dijo que no y ahora le ordena al Procurador someter un escrito abordando los méritos de las objeciones que plantean ambos implicados. La estrategia del Procurador General, por tanto, provoca un atraso en la resolución del caso que, para todos los efectos, está todavía en la segunda base.

El panel está compuesto por los jueces Erik J. Ramírez Nazario (también juez administrador del Apelativo), Carlos Candelaria Rosa y Miguel Cancio Bigas.

El martes, el exdirector de campaña del otrora gobernador manifestó en su escrito al Apelativo a través del licenciado José Andreu Fuentes que no procede ser citado porque no se trata de un caso criminal, más aún cuando el Procurador General ‘intenta mezclar las instancias bajo las cuales un Tribunal puede citar testigos, que son durante el trámite de un caso criminal y en auxilio al Departamento de Justicia para citar testigos durante procesos investigativos en lo que no existe caso criminal pendiente’.

Tanto Sánchez Sifontes como Miranda Reyes no han entregado su celular a la Unidad del DJ, a diferencia de otros involucrados en la conversación, como el saliente director de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi Cruz, entre otros de la docena de ‘chatistas’.

Mediante su representante legal, Kendys Pimentel Soto, Miranda Reyes había logrado también que quedara en suspenso la citación para que comparezca ante Justicia a entregar su celular.

El pasado 2 de agosto, fecha en la que se hizo efectiva la renuncia de Rosselló Nevares tras semanas de manifestaciones multitudinarias, Justicia anunció la pesquisa sobre el controversial chat. Recientemente, Justicia pidió tiempo adicional a la Oficinal del Panel del Fiscal Especial independiente (OPFEI) para completar y referir su pesquisa.

Puede ver el escrito presentado al Panel del Apelativo a continuación: