El juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo A. Gelpí, expidió hoy orden para que el Gobierno de Puerto Rico muestre por qué no debe ser encontrado incurso en desacato al desviar para otros usos $20 millones que se supone estaban asignados para cumplir con el decreto judicial de servicios para pacientes del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI) del Departamento de Salud (DS).

Las órdenes establecen que el gobierno estuvo engañando al tribunal indicándole que el dinero, asignado y distribuido bajo un decreto judicial, era usado para los propósitos del caso en beneficio de los pacientes, pero en realidad era desviado para otros usos en el Fondo General que, al día de hoy, ni siquiera se han identificado. Gelpí había adelantado la semana pasada la intención de nombrar a un auditor, a costo del DS, para verificar la extensión del desvío y mal uso de los fondos.

Además, ordenó a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a presentar una moción conjunta en la que planteen su posición sobre las indicaciones del director del PSDI de que han sido esas dos entidades las responsables de hacer que los $20 millones se usarán para otros propósitos durante los últimos cuatro años fiscales.

El gobierno tiene hasta el 1 de noviembre para cumplir con la orden y la JCF y la OGP tienen hasta el 8 de noviembre para hacer lo propio.

La orden contra el gobierno todavía no aplica a un funcionario particular, pero el juez advirtió que podría emitir órdenes contra funcionarios particulares. Advierte también que podría disponer que los $20 millones se le entreguen al PSPDI y se asignen en el presupuesto para el 1 de julio de 2020.

‘El gobierno tiene que explicar por qué al tribunal nunca se le informó que dichos dineros fueron ilegalmente movidos al Fondo General y utilizado para otros propósitos en un periodo de este proceso de decreto por consentimiento en el que los avances en áreas de servicio a los participantes, hogares comunitarios y tecnología de información demostraban poco o ningún progreso. Al contrario, al tribunal siempre se le informó que el financiamiento asignado para el programa PSPDI eran todos utilizados de manera consistente con los mandatos del tribunal’, dijo el juez en la orden en la que admitió que se siente ‘avergonzado’ de tener que emitir la misma.