Posponen vista contra último acusado del esquema

El trío acusados por el esquema de empleados fantasmas en la Legislatura de Puerto Rico, Isoel Sánchez Santiago, Chrystal Robles Báez y Ángel Figueroa Cruz, emitió alegación de culpabilidad, validando la existencia de esta práctica primordialmente rechazada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Hoy el último implicado, Figueroa Cruz, debía declararse culpable ante el juez federal Francisco Besosa evitando así un juicio. Sin embargo, al mediodía del jueves, el Jueza emitió una orden para repautar la vista de cambio de pliego acusatorio para el próximo martes, 15 de octubre. Durante la mañana, el abogado de Figueroa Cruz, Juan Acevedo, solicitó al tribunal cambiar la vista para el lunes, citando asuntos de salud que no le permitían asistir hoy.

Vea: Admitido por los acusados esquema ‘fantasmagórico’ que TRS negaba

A continuación 5 puntos para entender mejor el caso:

De qué trata el esquema?

Según se desprende del pliego acusatorio emitido por un Gran Jurado Federal, los tres individuos conspiraron para defraudar al Gobierno de Puerto Rico al facturar y cobrar por servicios profesionales que nunca ofrecieron a través de las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG) y Global Instant Consulting Group (GICG).

2. Qué rol cumplió cada uno de los implicados?

Sánchez Santiago: Luego de participar activamente en la campaña electoral de 2016 apoyando al Partido Nuevo Progresista (PNP) y hasta donando al Presidente Senatorial, inscribió las empresas International Legislative and Government Consulting Group (ILGCG), que luego de la victoria de la Palma, recibió un contrato de servicios profesionales en la Cámara de Representantes como consultor de asuntos legislativos y relaciones públicas. Entre sus responsabilidades estaban: el análisis de medidas legislativas, redactar comunicados de prensa, búsqueda de información requerida para estas labores y cualquier otra asignación encomendada. Según se desprende del pliego acusatorio, Sánchez Santiago devengaba $100 la hora y trabajaba un máximo de 145 horas al mes. Sin embargo, el hombre, que también llevó una campaña en contra de la huelga en la Universidad de Puerto Rico (UPR), nunca prestó los servicios por los que cobró miles de dólares. Además, indica en el pliego, utilizó información de terceros que le suministró a su pareja Robles Báez para que pudiera realizar facturas y cobrara por tareas que tampoco realizó.

Robles Báez: Pareja de Sánchez Santiago y también activa en la campaña contra la huelga de la UPR y pro PNP, inscribió la empresa Global Instant Consulting Group (GICG) luego del triunfo novoprogresista en los pasados comicios. Al igual que su pareja, recibió contratos por servicios profesionales en la Legislatura. La acusada suponía desempeñarse en el Senado de Puerto Rico como coordinadora intergubernamental a raíz de $50 la hora con un máximo de 60 horas de trabajo mensuales. Como parte de sus trabajos debía entregar reportes de las labores que coordinaba para el Senado. Sin embargo, el pliego en su contra detalla que junto a Sánchez Santiago, utilizaron información de terceros sin su consentimiento para llenar los reportes y abundar sobre trabajos que no realizó.

Figueroa Cruz: Como director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales (OAG) del Senado era el cedazo antes de que se pagara una factura. No obstante, en el caso de Robles Báez, aprobaba las facturas aunque conocía que no había ofrecido los servicios facturados.

3. Cuánto dinero devengaron Isoel y Chrystal por el esquema?

El monto de las facturas por trabajo no realizado alcanza $27,300, según un ‘cálculo sumamente conservador’ remitido por la Fiscalía federal. Se conoce que el dinero cobrado sin servicios prestados pudiera ser mucho mayor a esa cifra y de hecho, el Ministerio Público, solicita la confiscación en bienes de $34,000 a la pareja Sánchez Santiago – Robles Báez.

4. Qué piden en su alegación de culpabilidad?

Sentencia probatoria.

5. Qué es lo próximo?

Esperar la determinación del Juez sobre la sentencia solicitada por los ya declarados culpables, la postura del Ministerio Público sobre esta sentencia y sobre cualquier continuación de la investigación.