Fue suspendido de empleo.

Luego que el jueves el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, coronel José Caldero, informara el desarme y suspensión de empleo a un agente municipal contra quien pesa una querella por violación sexual presentada por una ciudadana, hoy el Departamento de Justicia emitió un comunicado identificándolo y anunciando la radicación de cargos en su contra.

Efraín Correa Iglesias enfrentó dos cargos por agresión sexual contra una fémina, por lo que incurrió en violación del artículo 130 de agresión sexual del Código Penal de Puerto Rico. Unas horas después, el imputado salió libre bajo fianza, portando un grillete electrónico. La fianza total impuesta por el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, fue de $150,000.

Según la investigación a cargo de la fiscal Laura Hernández Gutiérrez y de la agente Yisel Torres Román de la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el imputado se encontraba en funciones cuando utilizando fuerza física e intimidación contra la víctima incurrió en actos de violación.

‘Cualquier ciudadano contra quien se presente una querella tiene derecho a un proceso de investigación en el que se esclarezca todo lo relacionado con hechos que se le imputen. En este caso, se le imputa a un policía municipal haber cometido una agresión sexual contra una fémina. Hasta tanto no finalice la investigación o se presenten cargos, según el reglamento de la Policía Municipal, el policía municipal ha sido inmediatamente desarmado y suspendido de empleo’, destacó el también Comisionado de la Policía Municipal en declaraciones escritas.

Caldero explicó que ‘La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Estatal asumió jurisdicción sobre el caso’.

‘Si a raíz de la investigación se llegaran a confirmar las imputaciones presentadas en la querella se aplicará el reglamento de la Policía Municipal en su forma más severa. La Alcaldesa y yo somos enfáticos en hacer cumplir la política pública de proteger la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de no tolerancia al abuso ni hostigamiento sexual. Para no afectar el proceso y hasta que no surja nueva información no emitiremos ningún otro comentario sobre este asunto’, concluyó.

La vista preliminar fue pautada para el 2 de octubre.