En caso contra Ramón Rodríguez Ruiz.

El juez Juan Frau Escudero determinó causa para juicio contra el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Rodríguez Ruiz, quien fue expulsado de la Cámara de Representantes luego que se le imputara un esquema de fraude mediante entidades sin fines de lucro fantasmas, creadas para obtener fondos de la Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos.

Frau Escudero fijó la vista de lectura de cargos para el próximo lunes 8 de abril, mientras que el juicio comenzará el martes 30 de abril.

Durante la vista del lunes, los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) presentaron finalmente a su último testigo en el caso contra el exrepresentante, el actual director de la Comisión Especial Conjunta, quien abundó sobre los fondos legislativos que se consignaron en el presupuesto del gobierno para las dos corporaciones sin fines de lucro que, según la fiscalía, están relacionadas con el exlegislador.

Sin embargo, la defensa de Ruiz Rodríguez, liderada en esta vista por el abogado Luis Pinto Andino, retó el alcance del conocimiento del director de esa Comisión, Alfredo Martínez Amador, sobre la relación fáctica que se ha presentado en corte y que los fiscales alegan vincula al exrepresentante con las corporaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Futuros Deportistas.

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Durante el interrogatorio del fiscal especial independiente, Guillermo Garau, el director precisó que los analistas de su oficina determinaron que las solicitudes emitidas por ambas entidades inicialmente no cumplían con los requisitos necesarios para recibir fondos de la Comisión. En el caso de Lazos Dorados de Amor, esa corporación no había presentado su documentación de exención contributiva, mientras que Futuros Deportistas sí contaba con ese documento.

Sin embargo, a pesar que las solicitudes de ambas entidades fueron denegadas del saque por los analistas de la Comisión, lograron continuar su curso, pasando por una segunda evaluación y eventualmente llegando a la Resolución Conjunta aprobada el 30 de junio del 2017 para repartir $20 millones en donativos legislativos.

En esa medida, testificó Martínez Amador, se consignó un donativo de $4,000 para Lazos Dorados de Amistad y otro de $8,000 para Futuros Deportistas. En ambos casos, explicó el director, no se desembolsaron los fondos por falta de documentación, como certificaciones del CRIM y ASUME, presupuestos ajustados y narrativas de presupuesto.

El efecto práctico de esto fue que unos $12,000 que fueron asignados a entidades sin fines de lucro se mantuvieron congelados, sin posibilidad a ser desviados a otra organización que cumpla con los requisitos.

Pinto Andino, por su parte, destacó en su contrainterrogatorio que las organizaciones en cuestión no fueron conformadas por el exrepresentante y los analistas que evaluaron la solicitud de las entidades ante la Comisión tampoco tenían relación alguna con Rodríguez Ruiz.

Hasta el momento, el único testigo que ha podido vincular al exlegislador al caso fue Edwin Núñez, analista fiscal de la Comisión quien anteriormente testificó que tuvo un acercamiento con Rodríguez Ruiz quien le solicitó asistencia para verificar el estado de una certificación de exención que se tramitaba en el DH. Núñez había testificado que lo acompaño hasta la agencia y lo llevó hasta el área de exenciones contributivas, pero no interactuó con el hasta despues que culminara el trámite que llevó.

Poco antes del mediodía, el ministerio público sometió su caso ante el juez Juan Frau Escudero. Al retomar la vista a la 1:30 de la tarde, el fiscal Garau enfatizó que las acusaciones contra Rodríguez Ruiz, por violación al artículo 202-B del Código Penal se materializan mediante el fraude incurrido para producir los documentos necesarios para crear las entidades sin fines de lucro, afectando así los intereses patrimoniales del estado al consignarse los $12,000 en el presupuesto gubernamental.

En cuanto la acusación por violación al artículo 254 del Código Penal, Garau señaló que Rodríguez Ruiz había gestionado la certificación de exención contributiva ante el Departamento de Hacienda y como representante votó a favor de aprobar la resolución de la cámara que autorizó los fondos.

Pinto Andino, por su parte, resaltó que del testimonio de Núñez se desprende que su cliente nunca solicitó trato preferencial en sus gestiones ante el Departamento de Hacienda y tampoco solicito agilizar las certificaciones pendientes de las entidades sin fines de lucro. En ese sentido, argumentó que el patrimonio del gobierno nunca se vio afectado pues los fondos consignados a las entidades no fueron desembolsados, y aun cuando el entonces representante votó a favor de la resolución conjunta, era en ejercicio de su rol como funcionario electo.