Nombramientos de la JCF fueron inconstitucionales

La Junta de Control Fiscal (JCF) mantiene la intención de radicar un plan de reestructuración de las Obligaciones Generales (GOs) del Gobierno de Puerto Rico -que podría ser forozosa (cramdown)- este próximo abril, aunque reconocen que las recientes decisiones apelativas en su contra pueden retrasar el plan.

Este fue el mensaje de la Junta a la jueza Laura Taylor Swain hoy en una vista de seguimiento del proceso de quiebra, en la que el representante del Comite de Acreedores no Asegurados (UCC por sus siglas en ingles) aprovechó para plantear que ese organismo todavía no ha negociado con ellos sobre ese anticipado plan de reestructuración.

Dos decisiones recientes del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, una sobre las designaciones inválidas de los miembros de la JCF y otra sobre los derechos de retención de los acreedores que participaron en una emisión del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno en 2008, retrasan el plan para las GOs en el caso de Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Para ambas instancias, el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, reiteró que el organismo se apresta a radicar peticiones de certiorari ante el Tribunal Supremo federal, acompañadas de solicitudes para paralizar las directrices del Primer Circuito. Es decir, para dejar sin efecto la fecha límite de 90 días para reconfirmar o sustituir a sus miembros; y para que la jueza Swain haga valer los derechos de los bonistas participantes de la emisión del 2008.

Según Bienenstock, la decisión final sobre la validez de los derechos de los bonistas de retiro determinaría cómo cuadrarán el plan de ajuste del gobierno central y si esos bonistas se convierten o no en acreedores asegurados. Sobrepasada esa coyuntura, lo próximo sería una negociación con el UCC.

El representante del UCC, Luc Despins, admitió durante la vista que desconocía de los esfuerzos de la JCF para confeccionar un plan de ajuste para el Gobierno central, acentuando que están siendo ‘sistemáticamente excluidos’ de las negociaciones que lleva a cabo la Junta. A modo de evitar que el plan sea presentado sin que antes hubiese emitido objeción, Despins reclamó a Swain que el Comite tiene todo derecho a participar de la formulación de ese plan.

Ante las insistencias del UCC sobre la falta de participación y el planteamiento que lanzaron de que la JCF debería tener ya un borrador de ese plan de ajuste, Bienenstock rechazó que la Junta mantiene a su Comite a oscuras. El plan que no descarta emplear el mecanismo de reestructuración forzosa o ‘cramdown’ supone presentarse en abril.

Por otra parte, Despins señaló que la JCF no ha impuesto un mecanismo alterno de resolución de disputas que surjan de comprobantes de reclamo emitidos, una recomendación que hicieron ya hace un año y que la jueza Swain pidió en noviembre pasado a la Junta si se implementará, a lo que respondieron en la afirmativa en ese momento.

Otro de los abogados de la JCF, Brian Rosen, explicó que han trabajado ese proceso por un largo tiempo ya, pero siguen modificando el proceso de resolución de disputas en el camino, aunque anticipan que lo presentarían mediante moción para la próxima vista de ómnibus en abril.

La vista de hoy fue celebrada en el Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y transmitida en San Juan.