Un tribunal tuvo que intervenir
Un juez en San Juan obligó al Banco Cooperativo (BanCoop) reanudar los servicios de cuenta comercial a una cooperativa que sirve a miembros de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.
El caso, atendido por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, enfrentó a la Cooperativa de Ahorro y Credito Tu Coop, institución que ofrecía los servicios a la industria del cannabis y Bancoop, una institución que ofrece servicios bancarios y transacciones a las cooperativas en la Isla.
Según la demanda, el Banco había cancelado la cuenta de transacciones electrónicas que le había habilitado a la Cooperativa y con la cual se le ofrecían servicios a dispensarios e industrias del cannabis para que pudieran realizar transacciones.
Bancoop alegó que la cuenta había experimentado una actividad que no se ajusta al patrón de comportamiento para el que fue originado.
Curiosamente la movida de Bancoop, un banco creado por una ley para apoyar que la industria cooperativa en la Isla genere el 25% de la actividad económica, se dio en momentos que la industria del cannabis reportaba aumentos considerables en la actividad económica que genera. Para finales del 2018, el Departamento de Hacienda ya reportaba sobre $3 millones en recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) relacionados al cannabis medicinal.
Además la propia ley que creó la industria del cannabis afirma que los fondos proveniente de la industria del cannabis podrán ser depositados en Cooperativas de Ahorro y Creido de Puerto Rico o en instituciones financieras no reguladas por el FDIC.
Según la propia industria, para el 2018 el número de pacientes sobrepasaba 43,500 y generaban cerca de 100 millones de dólares anuales.
La decisión de BanCoop de cancelar los servicios a la industria puso en jaque las operaciones y expuso la seguridad de empleados y personal. De hecho, según reportó la revista Crónicas, abogados de dispensarios y de la Cooperativa alegaron que algunos de sus clientes pagaban hasta $80,000 mensuales en costos por electricidad y sin un banco que les proveyera la estructura, significaba que tenían que realizar estas transacciones en efectivo, incluyendo el pago de la nómina de empleados y a suplidores.
En el caso intervinieron varios dispensarios y empresas que ofrecen servicios a la industria del cannabis medicinal en la Isla.
Puedes leer la sentencia aquí

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