Una medida fue radicada.

La representante Maricarmen Mas Rodríguez anunció el martes la radicación del Proyecto de la Cámara 1779 que busca obligar a que toda institución postsecundaria en Puerto Rico provea anualmente a sus estudiantes información detallada sobre los prestamos estudiantiles federales y privados que reciben, incluyendo si los mismos están en morosidad y cuando se terminan de pagar.

‘Existe una correlación entre el alza en los costos de la educación universitaria y el aumento en las tasas de morosidad. Muchos estudiantes no conocen cual es el estatus de su prestamo, situación que afecta el repago y la solvencia de estos jóvenes, tanto a corto como largo plazo. Tenemos que buscar una alternativa viable para mitigar esto, por eso radicamos este proyecto de ley’, comentó la legisladora en declaraciones escritas.

Explicó que la medida crea la ‘Ley de Información sobre Prestamos Estudiantiles Postsecundarios’, a los fines de disponer que determinadas instituciones universitarias y postsecundarias desglosen a sus egresados todo lo relacionado a los prestamos estudiantiles adquiridos por esos para sufragar su educación.

Estas instituciones estarán, se probarse la pieza legislativa, obligadas a proveer a sus estudiantes datos tales como la cantidad total tomada en prestamo, el monto potencial total de amortización, incluyendo capital e intereses, por la cantidad total de prestamos estudiantiles tomados, las cuantías mensuales de repago que el estudiante tendrá que recurrir al tomar en consideración la cantidad total adeudada hasta ese momento y el porcentaje del límite de endeudamiento que el estudiante ha alcanzado en el momento en que se proporciona la información.

La representante del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán, dijo que las cifras más recientes del Departamento de Educación federal reflejan que más de cinco millones de personas en Estados Unidos. han dejado de pagar sus prestamos estudiantiles, de las cuales aproximadamente 375,000 dejaron de pagar en el último año solamente.

‘La situación es una sumamente preocupante, pues las consecuencias socioeconómicas para los prestatarios son nefastas. Aparte de las consecuencias crediticias, el gobierno federal cuenta con herramientas fuertes para cobrar las deudas de los morosos, incluyendo el embargo del 15 por ciento de los sueldos o los ingresos de jubilación. En adición, los prestatarios en mora no pueden obtener una hipoteca o un prestamo para un automóvil’, agregó Mas Rodríguez.