Se ampararon en la Constitución de PR

Aunque representa la primera acción concreta por la Junta de Control Fiscal (JCF) para invalidar parte de una deuda pública de más de $70,000 millones, la objeción que radicó contra $6,000 millones reclamados por acreedores de Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en ingles) supone un asunto dirigido a aumentar la disponibilidad de fondos para pagar esa categoría de deuda.

Con la aprobación del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), la reestructuración de los GO’s emitidos por el Gobierno de Puerto Rico -una deuda de $13,000 millones- supone ser el próximo reto para la Junta. Aunque los abogados de la JCF anticiparon durante una vista en diciembre que para marzo de 2019 detallarían con mayor claridad los próximos planes de ajuste que llevarán a la corte, la invalidación de $6,000 millones de esa deuda ciertamente mejoraría la capacidad de servicio de deuda del Gobierno central.

Los afectados por la invalidación son 10 fondos de cobertura y aseguradoras de bonos que compraron bonos en 2012 bajo la administración de Luis Fortuño, y en el 2014 bajo la administración de Alejandro García Padilla. La Junta invalidó estos reclamos, en particular, por tener reclamos pendientes de más de $50 millones. Los bonistas que se verían afectados son:

ASM BLMIS Claims LLC

Assured Guaranty Municipal Corp.

Aurelius Investment, LLC

Aurelius Opportunities Fund, LLC

Autonomy Master Fund Limited

Brigade Capital Management, LP

FPA Crescent Fund

LS Strategic Income Fund

Mason Capital Master Fund, L.P.

Prisma SPC Holdings Ltd. Segregated Portfolio AG

En síntesis, la Junta argumenta que estas emisiones excedieron el límite de deuda constitucional, un tope que equivale al 15% del total de recaudos generado en un año. Ese cálculo, señala la JCF, se computó erróneamente pues no incluyó el servicio de deuda a bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y los recaudos de las emisiones que se utilizaron para pagar intereses de esos bonos posteriormente.

Sobre los bonos de la AEP, la Junta señala que su estructura constituye un artificio diseñado para burlar los límites constitucionales de deuda. En el caso de la AEP, sus bonos son garantizados por la confianza y credito del Gobierno y no de la agencia en sí. Esto a pesar que la fuente de repago para los bonos de la AEP supone ser el alquiler de edificios públicos.

‘Para todos propósitos prácticos, la AEP no es nada más que un intermediario entre el Gobierno y los bonistas de la AEP, quienes prestan dinero basado en la salud crediticia percibida del Gobierno, no la AEP’, explica la objeción. Actualmente, la deuda de la AEP es de $3,995 millones.

Aún si no se incluyeron los bonos de la AEP en el cálculo de obligaciones, la Junta sostiene que los recaudos de las emisiones fueron utilizados para pagar intereses sobre esos mismos bonos más tarde. Notan además que la emisión de bonos del 2014 separó $425 millones de al emisión de $3,500 millones -la más grande en ese momento- para pagar intereses de esa venta por los próximos tres años. Esa cuantía de $425 millones tampoco se incluyó en el cálculo del límite de deuda constitucional en los años 2014, 2015 y 2016, lo que creó la ilusión de que no se violó el límite.

Así las cosas, la violación del límite constitucional implica que los bonistas que compraron esa deuda no recobrarían su acreencia para proteger los intereses del pueblo, al amparo de la Constitución.

Lea la objeción de la Junta a continuación.