Investigación senatorial no respalda la movida

A la luz de las numerosas deficiencias denunciadas que recoge el informe senatorial de la resolución del Senado 720, el senador independiente Jose Vargas Vidot urgió al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a cancelar el plan de traslado de confinados a instituciones privadas a los Estados Unidos a la vez que pidió al cuerpo legislativo al que pertenece dar paso al proyecto 985 que persigue reconocer el derecho de los confinados que se encuentren extinguiendo sentencia en Puerto Rico a no ser sometidos a programas de traslado fuera de la jurisdicción.

Con la Resolución del Senado 720 se ordenó una investigación legislativa sobre a las condiciones de vida de los confinados, la efectividad y el progreso de los programas de rehabilitación y, el plan de traslado de confinados hacia otras jurisdicciones en los Estados Unidos.

El informe presentado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado concluye que ‘luego de un ponderado análisis sobre el Programa ‘Out of State’, según proyectado, presentado y desarrollado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, esta Comisión, no favorece el programa de traslados de confinados a otras jurisdicciones de los Estados Unidos’. Además, destaca la falta de una reglamentación clara que guíe el proceso y señala que los estudios han sostenido que el traslado de prisioneros a instituciones carcelarias privadas no se traduce necesariamente en ahorros al erario o resulta en beneficios de la población confinada y el interes público.

Asimismo, la Comisión destacó tambien la falta de transparencia e información a confinados y familiares durante el proceso de identificar los reos a ser trasladados; las angustias y sufrimientos que estos traslados pueden causar a las familias y amigos que conservan sus vínculos familiares y; la falta de garantías para que los prisioneros puedan hacer valer sus derechos dentro de las instituciones correccionales en los Estados Unidos. De igual forma, el referido informe discute que aún existen dudas sobre las garantías procesales a cumplirse en casos en que el confinado solicite regresar a Puerto Rico y sobre el cumplimiento con servicios de rehabilitación establecidos por la legislación en la isla.

Durante el proceso investigativo la Comisión recibió memoriales y ponencias de organizaciones y entidades como: Comisión de Derechos Civiles, Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria, Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, Comite Amigos y Familiares del Confinado, y el sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

El PS 985 fue presentado por los senadores Miguel Pereira y Vargas Vidot con el propósito de enmendar el ‘Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011’ para establecer la prohibición de programas de traslado de confinados a instituciones en Estados Unidos.

‘Esta propuesta lacera los fundamentos mismos de la rehabilitación, en contra del principio rehabilitador consagrado en nuestra Constitución. Aun con los señalamientos realizados por miembros de la prensa respecto a la compañía que administraría la institución donde serían trasladados los confinados, el Departamento insiste en este programa. Esto refleja una motivación puramente utilitarista de lograr ahorros, ahorros que el propio informe dispone que no pueden ser corroborados. La dignidad humana no debe estar supeditada a las ganancias de unos pocos’, sentenció el Senador independiente.