Y a la Oficina de Ética.

La Oficina del Contralor refirió al Departamento de Justicia un aparente esquema de favoritismo con un proveedor particular que data desde el año 2009 y al cual se le han pagado $517,107.

Según indica el informe emitido por el ente fiscalizador, la Oficina detectó cotizaciones de siete proveedores adicionales que pese a ser competitivas en algunos casos mejores, no fueron favorecidas por el municipio que en aquel entonces comandaba la actual alcadesa, María ‘Mayita’ Melendez.

‘Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas C.O.D (‘Cash on Delivery’) en frases como: Se exige pago C.O.D., Cash Pago C.O.D. o Requiere Pago C.O.D. Un examinador de documentos (perito) del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas’, lee el informe emitido.

El presunto esquema indica que contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, una vez se asignaba la compañía favorecida, la misma compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

Además se indica que se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado.

La situación fue tambien sometida a la Oficina del Ética Gubernamental.

Tras los señalamientos realizados, Melendez aseguró que su administración es una de ‘transparencia’, por lo que suspendió sumariamente a la empleada encargada, quien no ha sido identificada.

Asimismo,sostuvo que previamente cursó comunicación escrita al DJ y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor.