Enfrenta cargos por fraude.

Mientras que la expulsión de Ramón Rodríguez Ruiz de la Cámara de Representantes se basó principalmente en que el hombre agredió a quien fuera la administradora de su oficina legislativa, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no pudo comprobarle cargos por violaciones a la Ley 54.

Rodríguez Ruiz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), figuraba como el agresor de su empleada Soniel Torres Suárez en una querella de noviembre de 2017. De acuerdo a la víctima, el entonces legislador le propinó golpes en el rostro por los cuales recibió atención medica.

Días despues, Torres Suárez cambió su versión original mediante una declaración jurada en la que eximió a Rodríguez Ruiz, pero no identificó quien fue el verdadero autor de sus heridas. A preguntas de un oficial investigador, atribuyó su cambio de parecer a que fue sometida a ‘coacción e intimidación’.

El viernes en la tarde, cualquier rastro de violencia de genero fue descartado, ya que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan le radicó cargos a Rodríguez Ruiz por infracciones al Código Penal en forma de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

‘Al ella prestar testimonio jurado, declarando falsamente, se convierte en una testigo mendaz que me privó a mí de poder probar más allá de duda razonable que fue el agresor’, declaró el fiscal Guillermo Garau Díaz.

La retracción le costó a Torres Suárez una imputación de dos cargos de perjurio, tambien anunciados el viernes.

Por su parte, Mario Moczó González, abogado de la mujer, optó por la cautela a la hora de evaluar el caso, ya que atribuyó la conducta al estado de temor que experimentan las víctimas de tales agresiones.

‘En estos casos de Ley 54, las víctimas tienen unos derechos como cualquier otra persona y no es un caso que, es un caso extraordinario porque es un legislador, pero de ordinario esto pasa en los tribunales que las víctimas tienen problemas en testificar, tienen ciertos problemas en ver el proceso’, aseguró Moczó González a su salida del tribunal.

En su momento, Torres Suárez se querelló tambien contra el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Mendez Núñez, por ‘secuestrarle’ la protección necesaria hasta tanto ella no inculpara directamente a Rodríguez Ruiz.

‘Los casos de Ley 54, las víctimas no es fácil testificar en los procesos. Yo no estoy diciendo que se haya perjurado, pero de ordinario es común que haya cierto temor’, añadió Moczó.

Además de dos cargos de perjurio, a Torres Suárez se le radicaron otros ocho cargos por malversación de fondos, falsedad ideológica, engaño a testigos y fraude. Este último lo comparte con Rodríguez Ruiz.

Los cargos que pesan contra Rodríguez Ruiz se relacionan a irregularidades en la creación de dos organizaciones sin fines de lucro, y la contratación de un empleado ‘fantasma’. O sea, una persona que firmó un contrato de tres meses con la oficina legislativa, a toda vez que ostentaba un empleo a tiempo completo en una escuela.

Mientras que Torres Suárez recibió el grueso de las denuncias en relación al empleado fantasma porque fue quien firmó los cheques, falsificó facturas y firmas tanto del empleado, como del exrepresentante.

La vista preliminar del caso está pautada para el 10 de octubre.

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