Alegan trato preferencial a otras compañías.

El Departamento de Hacienda (DH) enfrenta una demanda a nivel federal que alega que la agencia discriminó contra negocios locales tenedores de máquinas o artefactos de juego, cobrándoles a ellos los nuevos cargos para renovar sus licencias, pero no así a otras máquinas operadas por franquicias de corporaciones que generan billones de dólares.

Los hechos se remontan a agosto del año pasado con la aprobación de la ley 108 que enmienda el Código de Rentas Internas para aumentar el pago de licencias de máquinas de video y juego electrónicas de $300 a $3,000.

La parte demandante, compuesta por 11 dueños de máquinas de video y juego licenciadas por el DH, expone en su demanda que al renovar sus licencias fueron obligados a pagar $3,000 por cada licencia, mientras que a otros dueños de estas máquinas se le aplicó un cargo de $300, ‘sin ninguna explicación racional’.

‘Estos negocios que se le ha permitido obtener o renovar estas licencias en $300 le pertenecen o son franquicias de corporaciones billonarias a las que se les está dando una ventaja injusta al pagar el 10% de la cuantía que los demandantes están forzados a pagar por la renovación de sus licencias para el mismo tipo de equipo’, reza la demanda.

En este caso, los demandantes son Doble Seis Sport TV, Electronic Games, Avenue Group Auto, Mario Bravo Maisonave, Computer & Games, Ricardo’s Entertainment, Antonio L. Colón Santiago, JL Entertainment, JR Machines, W Games y Empresas WW.

Aunque los demandados expresan en el escrito legal que entienden la crítica situación financiera de la Isla y la necesidad urgente de aumentar recaudos, insisten que las enmiendas introducidas al Código de Rentas Internas mediante la ley 108 violan el derecho constitucional a protección igualitaria, establecido en la decimocuarta enmienda.

Ante este panorama, los demandados buscan una sentencia para declarar la Ley 108 inconstitucional y volver al costo de $300 para las licencias de máquinas de video y juego. Los demandantes son representados por los abogados Jose Gueits Ortiz y Christian Francis Martínez.