Cobijada en que la Legistatura ya está representada y con alegaciones que indican que los fundamentamos para ser parte de la disputa no tienen suficiente valor, la magistrada Judith Gail Dein, denegó la intervención del Partido Popular D emocrático (PP D ) en el pleito legal que lleva el cuerpo legislativo contra los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF), implementados bajo la Ley federal Promesa.

La disputa legal, inicada por los presidentes legislativos, Carlos ‘Johnny’ M endez y Thomas Rivera Schatz, solicita la intervención del tribunal para frenar las acciones de la JCF, luego de que el organismo diera paso a su propio presupuesto para Puerto Rico, tras no conretarse su acuerdo con el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares que eliminaba la Ley 80 de despido injustificado.

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Sin embargo, pese a que miembros de la Cámara solicitaron intervención en la disputa, alegando que la Junta estaba suplantando poderes constitucionales que le corresponden a la Legislatura, la jueza consideró que el argumento estaba ya presentado legalmente por los presidentes de Cámara y Senado.

‘No tienen muestra alguna por la cual el Hon. M e ndez-Nuñez, en su capacidad oficial como Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y en nombre de la Cámara de Representantes, no será

capaz de representar adecuadamente su interes en afirmar que la Junta… sobrepasó sus límites’, sostiene la decisión.

‘A la luz de esta orden, la demanda de intervención propuesta no puede presentarse en este procedimiento’, sostiene tambi e n.

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ntre los alegatos que hace la Legislatura bajo mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), se solicita declarar que la JCF no tenía autoridad para condicionar la aprobación del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico a que la Legislatura derogara la Ley 80; declarar que las recomendaciones de política pública del Plan Fiscal no son obligatorias y que la JCF no puede tomar ningún tipo de acción para obligar su ejecución; y ordenar a la JCF a certificar el presupuesto aprobado por la Legislatura, entre otros.

Los argumentos legales de la demanda para estas peticiones se centran en que la Ley Promesa que creó a la JCF no despojó a la Legislatura de sus poderes constitucionales.

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