Certificaron su salida, pero Gobierno se retractó.

Tras dedicarle 30 años o más al servicio público, los empleados de Gobierno de mayor edad han visto amenazado su derecho al pre-retiro –más aún, a un retiro digno, como le llaman– debido a medidas contradictorias del Estado, quien no les permite jubilarse despues de haberles certificado el permiso.

Aunque llenos de dudas y confusión respecto a la negativa de dejarlos ir, a los 11,600 trabajadores que atañe les queda claro que este acto es inconsistente con la política pública de la administración de Ricardo Rosselló Nevares de recortar gastos excesivos.

Del mismo modo, afirman que su retirada podría resultar en un ahorro cumulativo de 30%, suma que se traduce a más de $25 millones y que cumpliría con los ajustes exigidos por la Junta de Control Fiscal (JCF) para disminuir el tamaño del Gobierno.

‘Estamos recibiendo en las agencias cartas de denegación, donde le dicen al empleado que no se puede pre-retirar basado en una situación fiscal, cuando este programa lo que representa son grandes ahorros para todas las agencias, inclusive para el gobierno central y es cónsona con lo que se busca de ahorros solicitados por la Junta de Control Fiscal’, expresó Enilda Mundo Flores, asalariada en la Administración de Servicios Medicos (ASEM).

Como ejemplo, mencionó que a 17 empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se les hizo fiesta de retiro y, una semana antes de cumplirse la fecha, recibieron una carta para retenerlos. El caso se encuentra en una lucha en los tribunales.

Basado en sus cálculos, una agencia con 204 personas cualificadas para acogerse al pre-retiro pagaría $63,576,902 por un período de 16 años, una economía de más de $36 millones comparado con el gasto que representaría la permanencia de esos empleados en la nómina.

‘Le decimos al Gobierno ‘tienes una herramienta en tus manos donde puedes tener ahorros sustanciales efectivos al junio 30 para comenzar con los ahorros que pide la Junta de Control Fiscal el nuevo año fiscal. ¿Por que no lo hacen?’. Eso es lo que no podemos comprender’, clamó Mundo Flores, quien funge como vicepresidenta del ‘Movimiento 447: Fuera Ley 3 de 2013’, que sirve como portavoz de los empleados.

Los empleados se basan en la Ley 211 de 2015, que establecía el Programa de Pre-retiro Voluntario y permitía que empleados de 61 años de edad pudieran jubilarse voluntariamente con una pensión equivalente al 60% de su retribución promedio.

Pese a que esta medida fue derogada por la Ley 106 de 2017 –llamada Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos–, el reemplazo garantiza todos los derechos y obligaciones de aquellos que iniciaron el proceso de pre-retiro antes de la anulación del estatuto.

Otras medidas que inciden en este caso son la Ley 447 de 1951, según enmendada, conocida como la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, y la Ley 3 de 2013, referida como la nueva Reforma a los Sistemas de Retiro.

A juicio de Mundo Flores, la inacción por parte del Gobierno se debe a falta de voluntad y empatía, puesto que a estos empleados con tres decadas de trabajo en sus costillas ‘ahora se retira con una pensión de miseria a los 61 años, posiblemente de 800 dólares mensuales, cuando un plan medico para esa edad podría costarle 600 ó 700 dólares. No tiene para medicamentos y mucho menos para cubrir las necesidades básicas’.

Precisamente ese ha sido el reclamo de miles de pensionados alrededor de la Isla, ya que la JCF requirió un recorte uniforme de 10% a toda pensión mayor de $1,000 mensuales.

Contrario a sus pedidos respecto a los pensionados, la JCF no parece estar enterada de esta disputa entre empleados públicos y el Gobierno, pues la directora ejecutiva del ente federal afirmó que desconocía de la situación.

‘Yo no tengo información sobre eso’, respondió Natalie Jaresko, al ser abordada por este medio a su salida de un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Días despues, el Comite Oficial de Retirados de Puerto Rico exigió la renuncia de Jaresko debido a que la funcionaria es quien insiste sobre la reducción de las pensiones y no ha sido capaz de comprender el efecto nocivo que tendría esa medida en la economía de la Isla.

El colectivo representa a unos 167,000 pensionados del Gobierno, entre los que reciben entre $1,100 a $1,475 por mes, equivalente a unos $13 mil a $18 mil dólares al año. De acuerdo a los datos compartidos, este grupo mueve el 40% de la economía de la Isla.

Esta situación se une al hecho de que las uniones de empleados públicos, mediante sus representantes legales, radicaron una moción ante la jueza Laura Taylor Swain, quien dirige el caso de quiebra de Puerto Rico, a los fines de conocer el paradero del dinero que suponía ser destinado a sus cuentas de retiro pero que parece haber sido desviado por el Gobierno.

En declaraciones escritas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) afirmó que el dinero estaba asegurado y así sería demostrado a la corte.

Aliados en el Senado

En búsqueda de respuestas, y ante la falta de claridad en el procedimiento, los empleados solicitaron a la Legislatura una investigación de la implementación de la Ley 211.

Por petición, los senadores Larry Seilhamer Rodríguez y Migdalia Padilla Alvelo radicaron las resoluciones 252 y 570, que tienen como propósito descubrir la cantidad de ahorros alcanzados por las entidades gubernamentales y municipios a raíz de la puesta en vigor del estatuto.

Durante una vista pública de la medida, celebrada a mediados de marzo, Padilla Alvelo se hizo eco de los reclamos de los trabajadores y cuestionó la retracción del Gobierno, especialmente desde la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), quien parece ser el ‘escollo’ para poner en vigor la ley.

‘Si certificaron que dan los ahorros, pues da la impresión que sí [es falta de voluntad]. Si la agencia te está certificando a ti que OGP que tiene los ahorros, y ahora estas decisiones, la pregunta que queda es ¿y los que ya se pudieron ir, si la Ley sigue siendo la misma? Y sin embargo hubo empleados incluyendo la misma oficina de Gerencia y Presupuesto que se pudieron ir’, argumentó Padilla Alvelo a preguntas de NotiCel.

Una tabla del Estado que resume la cantidad de solicitudes aprobadas y denegadas para este programa muestra que en OGP se acogieron 43 empleados y es una de las pocas entidades a las que se le dio el visto bueno.

Las resoluciones, además, buscan descubrir que movimientos de empleados fueron autorizados por OGP y por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, así como su efecto en las arcas públicas.

‘Mi expectativa es que esta investigación tenga frutos y sentido. De no ser así, me van a tener que demostrar por que, despues que dijeron que la Ley de Pre-retiro se puede hacer y despues que la propia Junta de Supervisión Fiscal habla de que hay que reducir el gasto por concepto de nómina y el gasto de gente que está ocupando unas posiciones, pues seamos justos. Todo se tiene que medir con la misma vara, no unos sí y otros no’, subrayó Padilla Alvelo.

La lista manejada por el Gobierno incluye que agencias como el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Carreteras hay más de 200 personas que solicitaron formar parte del programa de pre-retiro.

En la audiencia pública tambien estuvieron presentes los senadores Cirilo Tirado Rivera, Zoe Laboy Alvarado y Jose Vargas Vidot, quienes se comprometieron con la búsqueda de soluciones.

‘Si ya hay agencias que ya han hecho las economías, y ya han manejado desde que se aprobó la ley el asunto del pre-retiro mira, dejenlos ir. No hay razón para detenerlos. Ahí es donde está parte del problema. Si el dinero está, incluso la nueva ley dice que los que ya comenzaron el proceso, lo pueden terminar. No ha habido oposición de la Junta de Control Fiscal, que no se han expresado ni a favor ni en contra, por lo tanto si no se han expresado, lo están aceptando’, señaló, por su parte, Tirado Rivera.

El senador por el Partido Popular Democrático sugirió que desde la Legislatura debe nacer un mandato para que las agencias y el gobernador aseguraren la salida del resto de los empleados que comenzaron el proceso.

Por el momento, se desconoce la próxima fecha en que será atendido el asunto.