Desde febrero del 2013 hasta enero del 2017 el Municipio de San Juan (MSJ) otorgó unos 15 de contratos por sobre $300,000 a Miguel Sosa Suárez, militante activo del Partido Popular Democrático (PPD) quien enfrenta acusaciones federales, distribuidos entre el Departamento de Recreación, Deportes y Alianzas (DRDA) municipal y la Oficina del Área Local de Desarrollo Laboral (ALDL) municipal.

Pero, una y otra vez los documentos ilustran que Sosa Suárez fue recomendado en el DRDA por el director de esa dependencia, Pedro Rojas Calafat, recomendado en la ALDL por la directora de esa dependencia, Iraida Hornedo Camacho, y todos estos contratos fueron firmados por el secretario del MSJ, Magdiel Pérez González.

Según afirmó la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, como secretario municipal, Pérez González posee la facultad de firmar contratos a nombre del MSJ. ‘La forma en como tu manejas los contratos, ningún alcalde firma todos los contratos. Yo firmo solamente los contratos que exigen que sea la alcaldesa quien los firme. Todos los demás contratos los firman personas a las que se le ha delegado esa función’, dijo y añadió que puede firmarlos sin consultarlo con ella.

‘Pero eso no los exime en ningún momento de hacer las cosas tal y como son, legales, morales y éticamente. No los exime’, agregó.

Este medio intentó comunicarse con Rojas Calafat y Hornedo Camacho para aclarar la razón por la cual recomendaron a Sosa Suárez para los contratos que obtuvo en sus dependencias. Sin embargo, ambos declinaron ofrecer declaraciones y en vez nos remitieron a la directora de prensa del municipio, Carmen Serrano, quien también se comunicó con NotiCel para indicar que la alcaldesa es la única persona disponible para hablar sobre el asunto.

‘La única persona que representa al municipio es la Alcaldesa por lo que los funcionarios no están autorizados a hablar con la prensa’, dijo la directora de prensa en un mensaje de texto, al indicar que estuvo disponible más temprano cuando emitió declaraciones sobre Pérez González.

En ambas dependencias municipales, Sosa Suárez – quien hoy enfrenta acusaciones federales que lo vinculan a un esquema de fraude y robo de fondos federales en el Departamento de Recreación y Deportes – fue contratado para rendir servicios de asesoría. Sus contratos también lo obligaban a entregar informes mensuales sobre los servicios rendidos que suponían ser entregados al director de la dependencia.