Tras salir a la luz el informe comisionado por la anterior presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes, para escrutar el informe que investigó las irregularidades en la otorgación de las becas presidenciales, el lunes la Junta de Gobierno determinó mantener la moratoria de esa concesión.

Dicha moratoria, sin embargo, vendrá acompañada de un análisis fiscal de estas ayudas económicas y una corrección del reglamento de estas concesiones a fin de subsanar los señalamientos que se hicieron en el último informe elaborado por la licenciada Mercedes Bauermeister. La decisión fue aprobada con seis votos a favor, uno en contra y dos abstenidos.

Los votos abstenidos correspondieron a los representantes estudiantiles, Gilberto Domínguez y Pedro Rodríguez, el voto en contra del profesor José Martínez. El presidente de la Junta, Carlos Pérez, y los integrantes Gloria Butrón, Frank Catalá, Carlos del Río, Julia Keleher y Alejandro Camporreale votaron a favor.

Ese cuerpo debatió entre las alternativas de acoger la recomendación del informe de Bauermeister para derogar el programa de becas presidenciales y extender la moratoria, que entró en vigor el 25 de febrero mediante la certificación 66 que aprobó la Junta el año pasado. Butrón advirtió que la derogación de estas ayudas podría tener un efecto sobre el componente de investigación de la UPR.

Por su parte Camporreale, representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en la Junta, recordó que la controversia que rodea la beca presidencial se debe en parte a la mala administración universitaria, pero indicó que el programa en sí tiene ‘una función muy útil, muy práctica de incrementar los conocimientos y promover la investigación’ entre el personal docente, por lo que secundó el planteamiento de Butrón.

Martínez argumentó a favor de derogar el programa por entender que la presidencia tiene responsabilidades de más para poder administrar la beca de manera eficiente. Por tal motivo recomendó que los recintos individuales crearan sus propios programas para proveer becas a aquel personal docente que desee continuar sus estudios.

Posteriormente, Domínguez presentó una moción para distribuir los fondos que existen para la beca presidencial, pero ante oposición por parte de la integrante Gloria Butrón, enmendó su propuesta para que esa determinación pase al Comité de Finanzas de la Junta. Esa moción fue aprobada.

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